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¿Y ahora dónde quedará la participación y decisión de los ciudadanos sobre su territorio?

Escrito por Alejandro Medina Marín , 26 de Febrero de 2019. Guardado en Opinión

En las políticas y proyectos neoliberales, la explotación de los recursos naturales está dentro de sus acciones estrellas, debido a que esto genera grandes cantidades de ganancias para los empresarios y sus cúpulas. Pero debemos de preguntarnos, ¿qué sucede con las poblaciones en las cuales se generan estas actividades y cómo el Estado interfiere dentro de estas acciones?.

En Colombia desde hace un tiempo atrás, se ha venido manejando dentro de las políticas económicas y ambientales, una tendencia económica llamada “locomotora minera”, la cual consiste en que las multinacionales pueden explotar los recursos naturales para extraer petróleo sin previa consulta a la comunidad donde se va ejecutar, dejando a un lado el análisis del impacto ambiental, económico y social que tendrán esto en sus poblaciones.

Respecto a está situación, en Colombia existía la ley 133 de 1994, la cual ordenaba a los municipios realizar consultas populares cuando un proyecto turístico, minero o de otra índole pudiera generar cambios relevantes en el uso del suelo, o que pretendiera cambiar  las dinámicas propias de sus poblaciones. Está ley fue utilizada en diversas municipios donde se pretendía extraer petróleo de sus territorios, como es el caso de Tunja, donde se quería realizar explotación minera en uno de los yacimientos auríferos del país, los resultados de está consulta fueron 6.156 votos en contra de la  explotación y 76 a favor. Se calcula hasta el año pasado que de los 1.122 municipios del país, en 92 se han realizado consultas para lo que respecta a la afectación de la minería y el petróleo dentro de las poblaciones.

Dentro de este contexto, la corte constitucional ha decidido está semana tumbar la ley  133 de 1994 , bajo el argumento de que los recursos del subsuelo y el suelo son propiedad del Estado, y que por esto las autoridades territoriales no pueden decidir ni vetar la explotación de los recursos naturales no renovables, decisión que fue rechazada y criticada por varios entes como la federación colombiana de Municipios, el Ministerio de Vivienda y la Procuraduría.

Está decisión trae de antemano varias situaciones, ya que se les está quitando una de las vías de  participación más efectiva y directas para la toma de decisiones de las poblaciones frente a sus  territorios. Cabe recalcar que cada vez que se iba a realizar una consulta popular, se realizan reuniones, debates, foros, campañas de información, con las cuales se solucionan dudas y se informaba los pro y los contras de la decisión que pudiera tomarse.

 

Ahora debemos preguntarnos,

¿Cómo se puede entablar acuerdos para que las multinacionales estudien las posibles afectaciones que van a ver en él territorio y buscar las maneras de reducirlas?

¿Cuáles pueden ser la vías de participación para que las poblaciones puedan tener voz y voto en sus poblaciones?

¿Qué acciones se deben tomar  para que estas empresas mantengan  y perpetuen las dinámicas y tradiciones de las poblaciones donde hacen presencia?

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