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URNAS POR LA PAZ

Escrito por Alejandro Medina Marín , 20 de Febrero de 2022. Guardado en Opinión

En 1964 bajo el mando de Camilo Torres, colonos, campesino, religiosos y estudiantes desesperanzados por una Colombia saliente de la Violencia y envuelta en la corrupción, conflicto y un abandono rural por parte del Estado, se agruparon bajo los postulados nacionalista marxista-leninista, para buscar  condiciones de vida dignas, distribución equitativa de tierra, vías para conectar la periferia con el centro del país, salud en cobertura total, vivienda y bienestar social, que terminan anudando agravios para la consolidación del frente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en busca de mejorar las condiciones políticas y sociales de la nación; financiándose desde entonces con actividades ilegales: extorsión, secuestro, y producción de drogas ilícitas, se convirtieron en consecuencia de muertes, desplazamientos forzados, e inseguridad en las comunidades rurales y  urbanas del país donde hacen presencia.
 
Ocho (8) gobiernos han gestado negociaciones fallidas con el Ejército de Liberación Nacional ELN: el primer intento fue en 1974 con Alfonso López Michelsen, Belisario Betancourt (1982 - 1986), César Gaviria (1990 - 1994), Ernesto Samper Pizano (1994 - 1998), Andrés Pastrana (1998 - 2002), Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2010), Juan Manuel Santos (2010 - 2018) y finalmente el  Gobierno de Iván Duque (2018 - 2022).
 
De este modo, la negociación pobre de argumentos sobre “Justicia Social”, bandera  de diálogo del ELN y el lema de los gobiernos de desmovilización y dejación de armas como un avance para negociar salidas políticas, ha finalizado los diálogos de paz , pues ELN busca su salida política para integrarse en la  democracia y lograr sus intereses nacionales e ideológicos en las urnas o el debate, proponiendo desde su cosmovisión por medio del diálogo las reformas económicas, ambientales, sociales que consideran deben efectuarse para traer bienestar a la población Colombiana, por ende, deben mantener las dos partes el pacto del cese al fuego, pues de manera histórica este ha sido punto de inflexión para lograr términos en favor de la paz.
 
Por ende, la participación política debe ser pilar en las negociaciones de paz, además de la reparación a las víctimas por medio del reconocimiento de la verdad, perdón  y ofrecimiento de ayudas económicas, intelectuales y operativas para promover condiciones de vida dignas, que sanen las heridas físicas y psicológicas de la guerra. La protección a los firmantes de paz no puede ser menor, para se debe promover proyectos productivos con enfoque territorial, acordes a las dinámicas sociales y económicas de los territorios, lo que viene acompañado del aporte político, estratégico y académico de los desmovilizados para mejorar la seguridad y condiciones de vida en los territorios donde hacían presencia.  
 
De este modo, el acompañamiento institucional tiene que ser continuo, no solo en la supervisión de los acuerdos, sino en el cumplimiento de lo pactado, permitiendo la veeduría de las organizaciones internacionales y la participación de los territorios, dándole voz en el debate y hacer partícipe a la nación en la construcción de la paz con el fin de legitimarla y hacerle frente a la estigmatización de los desmovilizados; anudar esfuerzos es vital para conocer la verdad de todos los actores de la guerra, incluyendo los terceros civiles, donde se encuentran los empresarios o políticos, además de los altos mandos institucionales: ministros y generales, ya sea por conocimiento directo u omisión dentro del conflicto armado interno.
 
Por ende en la contienda política actual, los presidenciales y congresistas tanto  cámara de representantes como senadores, deben tener un compromiso por la paz para invitar a la mesa, de nuevo, al ELN, ya que negociar una salida pacífica y consensuada, traerá beneficios económicos, sociales y políticos a la nación, y un valor incalculable a la reparación de las víctimas; entenderíamos mejor las dinámicas históricas de la guerra interna Colombiana y se anudarían esfuerzos para lograr el cumplimiento del proceso de paz con las dos grupos armados más grandes del país.
 
Debe ser un compromiso con el país la participación en las urnas en consecución del apoyo a  las negociaciones de paz, ya que en una nación atravesada por los discursos del enemigo interno que invitan y legitiman a la guerra, se convierte en incitación  la salida dialogada de las problemáticas del país por medio del debate económico, político y social que pide la nación, para buscar consenso multiétnico en pro del bienestar jurídico, democrático y social que vislumbre la unión, cooperación y armonía territorial.

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