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Una mirada histórica del Sector Agrario y sus implicaciones en el marco del COVID-19

Escrito por Alejandro Medina Marín , 26 de Abril de 2020. Guardado en Opinión

El campesinado de nuestra nación desde épocas inmemorables ha tenido que exigir por diferentes vías la protección del Estado, poniendo en evidencia las condiciones precarias de la agricultura Colombiana: manipulación y burocracia Estatal, seguridad en los territorios, concentración de tierras, poco acompañamiento a medianos y pequeños productores, falta de sistematización y desarrollo tecnológico en las zonas rurales, protección a líderes y lideresas,  el modelo de desarrollo económico que favorece el monocultivo y las grandes agroindustrias y sin lugar a dudas, el conflicto armado.     

Recordemos 1) que con el gobierno de Gaviria, llegó el Neoliberalismo bajo “la apertura económica” , incursionando a Colombia en el mercado internacional, bajo un modelo agrario competitivo, que ofrecía protección al mercado internacional con la supresión de los límites de la inversión extranjera, al tiempo que dejaba a la deriva al campesinado Colombiano. 2) En el Gobierno de Samper se dio el ingreso de Colombia a la  Organización Mundial de Comercio (OMC), organización que no restringía el impacto al comercio de bienes en el sector rural y 3) en el Gobierno de Uribe y Santos se dio continuidad a estas políticas con la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con USA (2006) y la Unión Europea en (2012), reformas que pusieron el valor agregado de la agricultura  en el PIB, en 14,4 %  en 1991 y en él 2019 por cada peso en qué aumentó el PIB de la actividad económica de la agricultura, caza y pesca;  aumentó el PIB total nacional en 0,00058 %.  

Consecuencia de lo anterior, en el año 2013 se inició un Paro Nacional Agrario desde el 19 de agosto hasta el 12 de septiembre, donde campesinos, productores agrarios y sectores solidarios salieron a las calles y vías para exigir  la implementación de medidas frente a la crisis de la producción agropecuaria: control de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios, el diseño concertado de una política pública de fortalecimiento de la economía campesina basada en el reconocimiento de las ventajas sociales, económicas, y ambientales que  esta provee para seguridad alimentaria del país,  la protección de los medios de vida campesinos y la sostenibilidad ambiental, además de la inversión social de la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. En el año 2016 se dio un nuevo paro, focalizado mayormente en Cauca, Meta, Huila, Nariño, Antioquia, Arauca y Norte de Santander, por él incumplimiento de lo pactado. De lo anterior, ¿que supone uno?  

Ahora bien, en el marco de la coyuntura mundial ocasionada por él Covid- 19, el sector campesino aunque no ha tenido que parar y el Estado ha expresado sus intenciones de garantizar la seguridad alimentaria manteniendo abierto los canales de distribución, tienen ellos distintas afectaciones (históricas), las cuales son foco de preocupación de estas comunidades. Cómo primera medida se debe pensar en la salud y la seguridad social, al tener estas poblaciones pocos puestos de salud, los cuales cuentan con mala infraestructura, cómo mínima disponibilidad de camas UCI, falta de médicos, a esto se le anexa las dificultades de los campesinos para vender sus productos teniendo mayor implicación en los pequeños productores, pues el gobierno solo ha implementado ayuda  que incluyen a medianas y grandes empresas. Además, los altos costos que se han visto obligados a pagar para poder llevar sus productos a los consumidores rompe con canales de distribución ya establecidos, esto de la mano con la falta de sensatez de los intermediarios al comprar el producto por debajo del precio justo, así mismo expresan que no cuentan con las suficientes medidas y herramientas de protección para prevenir el contagio y propagación del Covid - 19. Por último y no menos importante, el sector rural ha enterado al Estado una vez más de la brecha social, pues  no cuentan con las condiciones necesarias para recibir clases virtuales. El Ministerio de Educación, en el contexto de su Plan Especial Educación Rural en 2018, estimó que la falta de internet afectaba a 1’969.969 estudiantes rurales, es decir que no habitan en la cabecera municipal y que, por lo general, no cuentan con servicios públicos en sus hogares.    

PARA REFLEXIONAR  

¿Todas estas dificultades son un reflejo de las exigencias del campesinado presentadas en el Paro Agrario del 2013? ¿El Estado no ha cumplido con ellas? ¿Cree usted que la educación virtual ha puesto en evidencia la brecha social no sólo en las zonas rurales, sino también en las poblaciones más vulnerables?   

PARA REVISAR  

Organizaciones campesinas entregan al Gobierno propuestas urgentes frente al Covid-19    

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