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Un acto repudiable que mina la confianza en las instituciones

Escrito por Andrés Carrero , 25 de Junio de 2020. Guardado en Opinión

No hay palabras para describir la horrorosa noticia del presunto abuso sexual a una menor Embera por varios soldados adscritos al batallón San Mateo de la ciudad de Pereira (1); sin embargo, esta acción, repudiable desde cualquier ángulo, tiene un trasfondo mayor puesto que el acto trasciende el campo de lo humano y nos obliga a reflexionar en la esfera de lo político.  

Históricamente, la relación entre las comunidades indígenas y el Estado ha estado inmersa en una serie de tensiones, odios y amores difíciles de explicar en tanto cada comunidad ha gozado de beneficios como también, de daños irreparables tales como la pérdida de su lengua, tradiciones e incluso genocidios y esclavización como ocurrió en el Amazonas durante la bonanza cauchera de comienzos del siglo XX.   

Aunado a esta difícil relación política, el surgimiento de grupos armados de izquierda a mediados del siglo XX, junto con la aparición del narcotráfico y el paramilitarismo, obligó a que muchas comunidades tuvieran que participar en el conflicto como lideres de colectivos armados como mano disponible para el reclutamiento o como objetivo militar de cualquiera de los bandos enunciados. Básicamente, ser indígena y tener derechos sobre los territorios (resguardos), forzó su participación directa en el conflicto social armado.  

En el caso de los Embera, la situación no ha sido distinta e incluso, podría decirse que el grado de vulnerabilidad y afectación quizá ha sido mayor, en tanto su ubicación geográfica la han aprovechado los grupos armados ilegales para llevar a cabo reclutamientos forzosos, explotación del territorio, tránsito de tropas y resguardo frente a las acciones del Ejército y la Policía, aprovechando la autonomía indígena para administrar el territorio.   

Esta situación histórica tan compleja conllevó a que la acción institucional o presencia del Estado haya tenido más peso en lo militar que en las otras esferas como la educación, la salud, la vivienda, la construcción de vías, etc. Obviamente, no quiere decir que las otras comunidades indígenas estén mejor, pero evidentemente la condición de frontera que caracteriza al territorio Embera, facilitó que la acción y presencia del Estado fuera proclive a la contingencia, limitando las posibilidades de acceder a otros beneficios derivados de las políticas públicas con el mismo alcance que lo han hecho otras comunidades indígenas del país.  

Para el caso de Pueblo Rico, la situación no es la mejor. Los Embera, organizados en varios resguardos que componen nuestra frontera departamental con el Chocó gozan de muchas riquezas en flora, fauna y minería; por lo que las extintas FARC, junto con el ELN, bandas criminales como los Rastrojos y el Estado, se han disputado el control del territorio y sus riquezas obligando a la población a participar de manera activa como combatientes, o en su defecto, poniendo los muertos producto de los combates entre grupos o bombardeos del Ejército.  

El recrudecimiento del conflicto social armado bajo el modelo de la Seguridad Democrática y la tensión entre poblaciones negras y mestizas que han venido ocupando sus territorios hizo que el diálogo político entre la comunidad y el Estado no solo entrara en crisis, sino que se levantara un manto de dudas y acusaciones mutuas en las que la estigmatización de parte y parte, junto con la poca facilidad para construir puentes duraderos, impidió por mucho tiempo un diálogo verdadero y de confianza.  

Terminado el Proceso de Paz con las FARC, la participación del Estado en la zona con una activa representación de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones como la ARN, la Gobernación de Risaralda y la alcaldía de Pueblo Rico, lograron construir una mesa de diálogo fuerte en la que nuevamente las comunidades confiaron en las instituciones estatales con el fin de garantizarse el alcance de sus derechos constitucionales. Esto se hizo evidente en los distintos encuentros interinstitucionales en los que la participación de los líderes Embera fue determinante para diseñar proyectos públicos que fortalecieron su estructura comunitaria. Se resaltan las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, los proyectos como Embera Wera, Mambrú no va a la guerra liderado por la ARN, la construcción de la Guardia Indígena, etc.   

Es por tal razón que la presunta violación de los militares a la menor Embera no solo pone en crisis los logros políticos de los últimos años, sino que se une a una secuencia de actos repudiables que han venido minando la legitimidad estatal frente a las comunidades indígenas, afro y campesinas de Colombia. Valdría la pena preguntarse si estos hechos tienen relación con el cambio en el enfoque de Derechos Humanos que caracteriza la cúpula que llegó con triunfo del uribismo el cual se acompaña de militares que “no hablan en inglés”, y si tiene que “sicariar, sicariamos; si nos toca aliarnos con los ‘Pelusos’, nos vamos a aliar” (2).  

Como un gesto político de perdón y reconciliación debería entregarse a la justicia indígena el grupo de militares acusados de violación, pedir disculpas públicas a las comunidades indígenas y al país, y cambiar el enfoque que pretende devolvernos a la oscura noche que pensamos, se había superado con el gobierno Santos. No se pueden echar por la borda los logros en materia política y de orden público que se habían alcanzado en los últimos años; más aún cuando el conflicto con el ELN sigue vigente y el Frente Occidental de Guerra tiene operaciones en la zona.   

1.  Lo que se conoce de presunto abuso sexual de militares a niña indígena

2. Se trata de las declaraciones del general Diego Villegas, comandante de la fuerza de tarea Vulcano, el 14 de enero de 2019, frente a oficiales de la Segunda División. Acto reprochable y vergonzoso que ha caracterizado a la cúpula militar del uribismo. Ver: “Si toca sicariar, sicariamos; si nos toca aliarnos con los 'Pelusos', nos vamos a aliar”

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