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Tumbaron a Belalcázar: algunas ideas sobre el patrimonio y la ciudad

Escrito por Andrés Carrero , 21 de Septiembre de 2020. Guardado en Opinión

La caída de estatuas y la vandalización del patrimonio nacional y mundial ha sido una de las noticas más ruidosas en el último año. En Europa, Estados Unidos y países como México, las protestas en contra del patriarcado, la violación de Derechos Humanos, el Gobierno y el racismo, han terminado en varias ocasiones, violentando efigies y edificios que la turba iracunda asocia al motivo de sus protestas o condiciones de vida. 

Como es de esperarse, las iglesias barrocas de Ciudad de México, o las esculturas de importantes políticos y militares que tuvieron vínculos con la trata negrera, la esclavitud o que apoyaron las masacres cometidas durante la “civilización” de América, África y Asia, se convirtieron en objeto de desfogue, como si tal acción reivindicara la molestia natural de muchas personas que se han visto afectadas por ser afro, indígena, gay, y mujer.   

Puesto que la respuesta de las instituciones y las academias de historia ha sido condenar tales actos, las retaliaciones en contra de los manifestantes no suele bajar de condenas pecuniarias y arrestos por daño al patrimonio.  Evidentemente, violentar el patrimonio es un acto considerado como un delito que nos exige pensar si el problema de la exclusión, el racismo, el machismo y otras tantas vergüenzas, se supera quemando iglesias y fundiendo imágenes.  

De todas formas, es importante mencionar que la práctica de fundir y quemar no es única de nuestros tiempos, pareciera más bien ser la continuación de la estrategia poco convencional que heredamos de nuestros antepasados. En Egipto, por ejemplo, con la muerte de Akenatón -el gobierno que revolucionó el culto al dios sol (Ra) y trajo consigo reformas estructurales en el arte, la religión y la arquitectura -Revolución de Amarna-, todo su legado fue quemado y borrado de la historia. Afortunadamente, en 1893 se logró encontrar tan valiosos aportes y hoy el busto de Nefertiti -su esposa- hace parte de una de las colecciones más hermosas e importantes del Museo Egipcio de Berlín, y la Revolución de Amarna es conocida por todos y todas que nos hemos interesado en la historia egipcia.  

En América, de acuerdo con las crónicas de los Incas Garcilazo De La Vega y Guamán Poma de Ayala que la antropóloga María Rostworowski (1915-2016) utilizó para escribir una de las obras más importantes de la historia peruana y del Tahuantinsuyo, queda claro que, con la muerte del Inca, y a causa de que el poder se heredaba por línea materna, la momia del Inca solía ser quemada y su historia preferiblemente borrada. Esto explica, en parte, la dificultad para conocer la evolución de los linajes y las obras de cada administración; lo que es una lástima en tanto el Estado Incáico (no imperio, pues es erróneo utilizar la categoría) logró un desarrollo en infraestructura y administración que no tenían los mismos estados europeos del siglo XV.  

Pero si nos parecen alejados estos sucesos, es solo echar un vistazo a la historia del siglo XX para darnos cuenta de que, con la caída del nazismo, sus imágenes fueron borradas y prohibidas, junto con sus estatuas y monumentos. Algo similar ocurrió después de la caída de la URSS con el desmonte de las estatuaria leninista y por obvias razones, stalinista. No olvidemos que las ciudades cambiaron de nombre, por ejemplo, de Tsaritsin pasamos a Stalingrado y hoy se llama Volgogrado; situación similar a la de Petrogrado, también llamada Leningrado y hoy conocida mundialmente como San Petesburgo.  

Lo interesante de esta ola iconoclasta es que más temprano que tarde también nos llegó, pero vale la pena ser cuidadosos con la interpretación que podamos hacer en tanto, los motivos y el tipo de movilización social que vemos en Europa o Estados Unidos no necesariamente tiene los mismos alcances en Colombia, como tampoco, la respuesta a estos sucesos ha sido la más adecuada pues ha exacerbado los ánimos poniendo sobre la mesa de discusión algo que estaba latente: el racismo estructural y el evidente oportunismo populista de las élites administrativas y las clases dirigentes en declive.  

El primer punto para resaltar es que, en Estados Unidos y Europa, el patrimonio cultural no solo moviliza a los capitales públicos sino también a los privados; si bien, el vandalismo está presente en todo el mundo, también el interés por apropiar el arte y la ciudad ha permitido que los bienes públicos sean protegidos y admirados por visitantes y nativos. Contrario a esto, en nuestras repúblicas de papel, las administraciones regionales y locales sumergidas en la desidia o el desconocimiento tienen las secretarías de cultura como chequera en blanco para financiar pan y circo, pero no precisamente para defender el patrimonio. Es solo echar un vistazo rápido a los edificios del ferrocarril, a la arquitectura, a los monumentos -algunos hechos por un aprendiz pero que costaron como si fueran hechos por Botero-, a la suerte de los documentos públicos provenientes de los concejos municipales y las notarias, etc., para darse cuenta de que, si no es por la voluntad de algunos ciudadanos, estos se convertirían rápidamente en baño público y nido de ratas.  

El segundo punto que considero como digna diferencia me lleva a los sucesos acaecidos en Popayán cuando un colectivo de personas pertenecientes a la comunidad Misak subieron a El Morro de Tulcán e hicieron un juicio simbólico a la efigie de Sebastián de Belalcázar, terminando con la tumbada de la estatua que, al caer, produjo un ruido que logró resarcir simbólicamente el dolor de los indígenas asesinados por sus huestes. Siendo un poco absurdo, me permitiré decir que quizá el Mariscal Robledo hizo una mueca de felicidad cuando Belalcázar, o por lo menos su representación, mordió los adoquines del bello pedestal.  

Este hecho me lleva a considerar que si bien, el acto representa una acción política y no simple vandalismo como se ha querido leer, es única y exclusiva de las comunidades indígenas y pone en discusión la manera como ellos han venido resignificando su propia historia y la relación con las ciudades que hoy habitan, viven, comparten y construyen. En tal virtud, la acción proferida trasciende la simple vandalización a una imagen ya de por sí vandalizada con rayones de nombres desconocidos que prometieron amor eterno a su pareja, y símbolos absurdos y paradójicos de los anarquistas y sirvientes del gran Satán, para convertirse en un acto político que abrió una nueva página en la historia local, regional y nacional, y seguramente, la fotografía muy pronto hará parte de las colecciones del patrimonio nacional que se conserva en nuestros museos.   

El tercer asunto tiene que ver con el tipo de movilización e indignación que causó el mencionado acto; y es que contrario a lo ocurrido en Europa o Estados Unidos, y a la reacción proferida por las Academias de Historia y respetados profesionales, el dolor manifiesto y la molestia no ha sido por la “vandalización” del Belalcázar sino por que el acto haya sido hecho por los indígenas en tanto, si el dolor es por el patrimonio, la reacción publicitaria de la Alcaldía de Popayán, el Ministerio de Cultura y otros ciudadanos y profesionales debería ser consecuente con el detrimento al que tienen sometidos los puentes coloniales y decimonónicos, las estaciones de los ferrocarriles, los precarios presupuestos para museos locales y regionales, el abandono descarado al que se ha sometido los documentos públicos producidos por concejos municipales, alcaldías, notarías, etc.  

¿Qué es lo que dolió realmente? Es un hecho que no fue tumbar la estatua, por el contrario, fue atreverse a retar el pasado y su representación pues, si el patrimonio fuese el objeto real de la defensa, no tendría que ponerse una máquina sobre otro patrimonio nacional, único en su especie, como lo es el Morro de Tulcán. Evidentemente, un desacierto y un real acto de vandalismo permitido por la alcaldía de Popayán.  

Cuidado, es fácil pescar en río revuelto, pero también es posible resbalar y ser llevado por las aguas. Ojalá este acto sea reconocido como una acción política que nos obliga a pensar la ciudad y el patrimonio.  

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