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TRATADO DE ESCAZÚ: RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS CON LA REGIÓN, EL MEDIO AMBIENTE Y LA VIDA.

Escrito por Alejandro Medina Marín , 29 de Noviembre de 2020. Guardado en Opinión

América Latina, de manera incoherente con sus responsabilidades sociales y ambientales que le comprometen con el resto del mundo, y gracias a los diferentes gobiernos conservadores y hegemónicos que rigen su división política, Estados que han sido incapaces de efectuar por medio de sus adeptos políticos  de estas servidumbres,  un análisis crítico y reflexivo de las realidades de las comunidades para responder de manera oportuna y ética a las acciones pusilánimes de los que deciden, por conciencia propia o por ser adeptos de una muchedumbre de intransigentes, accionar el  callar  de las voces e ideas de los líderes y lideresas sociales y ambientales de los territorios que se desean  preservar y conservar, para de este modo pensar en una mejor América Latina.  

El acuerdo de Escazú, es el primero proyecto de América Latina sobre medio ambiente y derechos humanos que se comprometió con el acceso  a la Información, Participación, y justicia en asuntos Ambientales para America Latina y el Caribe; acuerdo que fue efectuado el 4 de marzo del 2018, en participación de 24 Estados de América Latina y el Caribe.   

Este acuerdo tan importante para la región latinoamericana, pretende ofrecer a las comunidades de base, la posibilidad de tener un respaldo y derechos de acceso para que sean ellas de la mano con las propuestas Estatales, las que tomen las decisiones del quehacer ambiental y social de sus territorios, pues cómo bien se sabe, son los coterráneos los que conocen, transitan, piensan y reflexionan sus comunidades, para de manera unánime dirigirlas hacia el bienestar social, animal y ambiental, lo cual terminarán influyendo en las capacidades Estatales y sociales para tener una buena política ambiental, pues al estar las comunidades informadas, sensibilizadas y conscientes de su capacidad de agencia, pueden garantizar el derecho de un medio ambiente sano y saludable.  

Por ende el Acuerdo de Escazú está fundamentado en los tres pilares de la  democracia ambiental:  Derecho a acceder a la información ambiental : Fundamental para que las comunidades se enteren de qué forma y cómo están disponiendo los recursos económicos y naturales de su territorio, con el fin de que tengan una participación directa en la toma de decisiones sobre su territorio, al menos en aspectos ambientales y sociales.  Derecho a participar en los procesos de toma de decisiones relacionados con el medio ambiente : Permite tener una incidencia directa a las comunidades impactadas por la toma de decisiones de terceros, pues legitima sus propuestas para de manera consensuada llegar a acuerdos sobre la situación problema.  Derecho de acceso a la justicia : Garantiza la protección del acceso a la información y la participación, permitiendo la reparación, si se llegase a vulnerar algún derecho de los denunciantes, líderes y lideresas; para esto los Estados deben  proporcionar mecanismos judiciales y administrativos que permitan activar una ruta directa para hacer efectivos los derechos violentados a  los defensores ambientales.  

Es imperante mencionar, que en la mayoría de Estados firmantes de este acuerdo, enunciaron tener en sus diferentes estamentos y legislaciones temas de protección e implementación de derechos; no obstante, reconocen que sus legislaciones debían modificarse, pues aún existen falencias que causan conflictos de intereses y terminan en violencia por la falta de garantías de las comunidades para exigir los derechos del acceso a la información y su legitimidad en la toma de decisiones.  

La legislación Colombiana, a partir de la Constitución del 91 y por medio de los mecanismos de participación ciudadana, efectuó en la Carta Magna los diferentes estamentos y leyes que pretenden dar cumplimiento a lo enunciado y exigido en el Tratado de Escazú: En Colombia el derecho de acceso a la información está protegido por el  artículo 74 de la Constitución , el cual por medio de la sentencia T-361 de 2017, especifica que la garantía del derecho al acceso  a la participación ambiental depende del cumplimiento del derecho a la información ambiental, para que se pueda construir una política de gestión ambiental sostenible. Asimismo, la garantía del derecho a la participación en Colombia está respaldada por el  artículo 79 , el cual consagra a la participación pública ambiental. Del mismo modo, el legislativo nacional a partir del artículo 79 y 80 exige al Estado prevenir y controlar los deterioros de control ambiental, imponer sanciones y exigir las reparaciones de los daños causados.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es imperante reconocer que desde la Casa de Nariño no han logrado de manera contundente y efectiva velar por los derechos estipulados en la Carta Magna, siendo incluso conscientes de que esa es su responsabilidad para con la sociedad Colombiana, pues se comprometen cada cuatro años sin atisbos al cumplimiento de  esas leyes en sus honorables, respetadas y falaces campañas políticas.  

Según Indepaz desde la firma del Acuerdo de Paz del 2016, se han asesinado a 10 líderes y lideresas ambientalistas, 376 campesinos y 287 indígenas. En cuanto al acceso a la información, al menos por medio del SIAC, (Sistema de Información Ambiental Colombiana), consultado el día del desarrollo de esta columna , de los siete  ecosistemas que tiene para indagar sobre información ambiental, sólo cuatro tiene acceso a link para acceder a la información:  Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), Sistema de Información sobre Calidad del Aire, Sistema de Información sobre Biodiversidad, Sistema de Información Ambiental Marina (SIAM) . Por el contrario, en cuanto al  Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), Estado del Suelo en Colombia, Sistema de información de Uso de Recursos Naturales(SIUR) , no se cuenta con acceso, ni mucho menos información. ¿De lo anterior, qué supone uno?  

Velar por la  protección del medio ambiente  y el derecho a la vida, debería  ser una responsabilidad ética y moral, no sólo de los latinoamericanos y los colombianos, sino también de nuestros senadores , pues estos representan los intereses de los colombianos de a pie, y son conscientes que de nuestra diversidad natural depende mucha parte de la economía y el futuro de la nación, pues somos un país que se estima sea reconocido y sustentado económicamente en base a la agricultura , para cambiar ese modelo invasor, e insensible del extractivismo, que deja sin territorio a los coterráneos víctimas, la flora y la fauna. No le den más espera a la ratificación del Acuerdo de Escazú señores y señoras senadoras , que no se aplace por cuarta vez, pues el derecho a un medio ambiente sano y a la vida no debe ponerse en juego por intereses de terceros. La veeduría internacional (que lo da el Acuerdo de Escazú) debe ser un aliado de los líderes y lideresas ambientales de nuestra nación, pues el Estado no ha velado de manera oportuna por sus vidas.   

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