La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la firma de 104 contratos. Estos hechos ocurrieron justo después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, le solicitara públicamente su renuncia. 

Durante una audiencia virtual ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía detalló la investigación que revela que Urrutia habría ordenado la terminación selectiva y subjetiva de los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, con una duración inicial de cuatro meses, luego de recibir la solicitud de renuncia por parte del presidente Petro. 

Según la Fiscalía, los contratistas argumentaron en las actas de terminación anticipada que se trataba de motivos personales. Sin embargo, cuatro días después, presuntamente siguiendo las órdenes de la exministra, fueron contratados nuevamente por un período mayor hasta diciembre de este año.

La Fiscalía acusa a Urrutia de haber actuado de manera deshonesta en su función pública, extralimitándose en sus atribuciones y proponiendo la terminación anticipada de los contratos para celebrar nuevos acuerdos. Los nuevos contratos presentaban los mismos objetos y obligaciones, pero con una ejecución extendida hasta diciembre de 2023. 

Al finalizar la audiencia, la exministra Urrutia declaró que entendía los cargos imputados, pero los rechazaba y optaba por ir a juicio. 

María Isabel Urrutia deberá enfrentar el proceso judicial para responder a las acusaciones de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, concurso homogéneo y sucesivo, relacionados con los hechos ocurridos entre el 2 y el 6 de marzo de 2023.