Por medio de una carta enviada al presidente Gustavo Petro y a los presidentes del Senado y Cámara de Representantes , David Racero y Roy Barreras, respectivamente, el paramilitar Salvatore Mancuso pidió que se convoque a una audiencia pública en el Congreso de la República que incluya a quienes participaron en negociaciones con el Estado para que se conozcan los aciertos y los fracasos de procesos anteriores, pues considera que el tema no se puede quedar únicamente en manos del comisionado para la paz, Danilo Rueda.   

“Hace un par de días el Alto Comisionado para la Paz, señor Danilo Rueda, concedió una entrevista a un medio de comunicación en la cual hizo referencia a su política de paz total. En ella planteó y corroboró gran parte de estas preocupaciones que sé, no son exclusivamente mías”, señala la carta.   

De igual manera, la carta de Mancuso a Petro consta de tres puntos:

1. El gobierno nacional, dice su Alto Comisionado, está haciendo lo mismo que hicieron gobiernos anteriores y puso de ejemplo mi intervención en el Congreso de la República en el año 2004, indicando que las suspensiones de órdenes de captura de aquel entonces aplican de la misma manera para la figura de gestor de paz o facilitador. Si es lo mismo entonces estamos frente a un entrampamiento, porque eso fue lo que ocurrió con el gobierno de Álvaro Uribe. Con mentiras, como lo ha hecho el Estado en todas sus negociaciones de paz, desmovilizan las organizaciones armadas para luego dejarlas a merced de la inseguridad jurídica y física, la extradición y el gatillo de los enemigos y verdugos de la paz. Es urgente que hablemos de manera pública, responsable y clara sobre las condiciones que se requieren para lograr una desmovilización con garantías de reincorporación integral y efectiva a la sociedad, que elimine los factores de persistencia que avocan a la reincidencia y el rearme y que salvaguarde la soberanía nacional. Esto significa hablar de la extradición con el mismo entusiasmo con el que hablaron cuando no querían que extraditaran a Jesús Santrich.

2. El Comisionado de paz define su estrategia de paz total sobre la base de la implementación del Acuerdo del Teatro Colón con las FARC exclusivamente.  Craso error que denota una actitud ideologizada, un deseo de resolverle la situación a Ivan Márquez y del ELN –haciéndole recuperar el carácter político que se le diluyó cuando entró de lleno en el negocio del narcotráfico– pero desconociendo que en este siglo se firmaron dos grandes acuerdos que han configurado el escenario de paz y conflicto en Colombia; el de Ralito con las AUC y el de La Habana con las FARC.

Los dos aún sin implementar totalmente. Esa omisión consciente del Comisionado, tiene que ver con la incomodidad que les produce reconocer que aquí hubo otro actor armado de carácter político que fueron las AUC y que el Estado suscribió un acuerdo del cual hice parte y que se incumplió casi en su totalidad. Que el estrepitoso fracaso de ese acuerdo propició el surgimiento del Clan de Golfo y otras organizaciones que operan en todo el territorio nacional.

Desconocer eso es desconocer a quienes tienen hoy las armas, su historia y su carácter político. Porque si hay disidencias en el lado de la insurgencia, también hay disidencias por el lado de las Autodefensas, y todas ellas comparten como mínimo dos elementos. Uno, que tienen control territorial real y suplantan al Estado en muchos lugares del país, es decir, son un actor político en esas regiones. Dos, que son el resultado de acuerdos incumplidos y falta de garantías. 

3. En ese sentido, el tercer elemento que me parece debe ser controvertido en el marco de la discusión sobre la Ley de sujeción, es la asimetría con la cual pretenden tratar a los grupos armados. La misma con la que quisieron en su momento desvirtuar la negociación entre el Gobierno de Uribe y las AUC. Despojar a las Autodefensas de su carácter político fue el mayor error que pudieron cometer y que nos tiene de vuelta inmersos en este conflicto. La diferencia es tan tendenciosa que se cae de su propio peso. 

Ni las organizaciones post paramilitares son un grupo de bandidos sin más, ni las disidencias incluidas el ELN son organizaciones político militares como se conocieron antaño. Todas tienen control territorial, todas suplantan al Estado en algunos territorios del país, todas ejercen control social y político y todas, sin excepción, se financian del narcotráfico.

Definir con precisión y equilibrio su carácter político con el nivel de degradación de los conflictos armados territoriales es un imposible. Pero definirlos por un criterio exclusivamente ideológico una temeridad. Justificar el delito político dependiendo de si el actor es de izquierda o de derecha, desconoce el papel político de quien lo enfrenta, y de paso exacerba y legitima la violencia.  Con un marco jurídico incluso más garantista –por lo menos en papel– es que la desmovilización de las AUC se convirtió en un proyecto frustrado, así las cosas, no quiero pensar que puede pasar con esta Ley de sometimiento que lo único que le garantiza a los rearmados es cárcel, extradición o muerte.    

 Termina su carta diciendo: "al señor presidente de la República le expresé todo nuestro interés de acompañar ese proceso y recibí de manera pública su beneplácito. Sin embargo, en la práctica todo se ha quedado frenado en el ensimismamiento del comisionado de paz, que las únicas voces que escucha son las de los asesores de las FARC y, al parecer, desconoce que los rearmados de las autodefensas hoy generan más del doble de la violencia que las disidencias de las FARC y el ELN juntos ”.