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Reformas estructurales durante la pandemia

Escrito por Andrés Carrero , 16 de Abril de 2020. Guardado en Opinión

El alarmante incremento de contagios por COVID-19 en América latina, como la capacidad de respuesta de las instituciones de salud, dejan ver la fragilidad de nuestros Estados en tanto no se controla a la población y mucho menos se cuenta con el músculo financiero y el sistema administrativo que pueda sostener en cuarentena a toda la gente. Pero más allá de esto, como lo planteábamos en la columna anterior, el principal afectado ha sido la clase media debido a su alto endeudamiento y dependencia total de los ahorros -si tenía-, y las pocas alternativas para sostenerse a mediano plazo. Algunos analistas lo han llamado “la pobreza oculta”, para referirse al caso de muchas familias bogotanas y claro está, del resto del país (1) que viven entre los estratos 3 y 5, pero que sus ingresos no alcanzan para sostener el costo de vida. Cuidado, es un caso similar al chileno.  

Pero como toda generalidad se desentiende de las particularidades, es importante resaltar que algunos segmentos de población categorizada como “clase media” han tenido que soportar la crisis más que otros. Para el gremio de la salud, por ejemplo, las obligaciones contractuales y morales los pone de frente a esta pandemia sin los implementos básicos, sin seguros familiares y personales, y en algunos casos, sin salario o con pagos atrasados por más de dos meses. Otros gremios como el de los abogados y contadores están capoteando la cuarentena con sus ahorros o acogiéndose a los alivios que ofrece la banca; pero claro está, en la mayoría las condiciones no son alentadoras.  

Lo más grave de este asunto es que el Gobierno tiene la obligación de resolver el problema del empleo, la reactivación económica, el equipamiento de las unidades de salud, salvaguardar la propiedad, defender los derechos de los ciudadanos, etc., y todo esto cuesta dinero. Paradójicamente, la pasada reforma tributaria hizo más exenciones para los grandes capitales extranjeros y nacionales que incluso la misma propuesta por el Gobierno Santos, no solo porque de esta manera saldaba la deuda de campaña sino también, porque Carrasquilla y Duque se formaron bajo los principios neoliberales del FMI, y aunque no se crea; ellos insisten en que aumentar exenciones garantiza la inversión y reactiva la economía.   

El cuadro no puede ser peor. Un país sin recursos para financiar la crisis, una clase media incapaz de sostenerse a mediano plazo, la tasa de desempleo ronda el 12,2% con tendencia al alza, la moneda devaluada, el salario mínimo mensual en $220 dólares aproximadamente, una tasa de informalidad superior al 65% (2), y una reforma tributaria que en vez de recaudar redujo los ingresos del Estado. ¿Qué hacemos?  

El ministro Carrasquilla y el equipo económico vienen adelantando varias estrategias: se destaca de estas la solicitud de créditos con el FMI por $14.000 millones de dólares (3) y la posible reforma tributaria; sin embargo, esta última ha generado mucha tensión en todos los sectores, y era de esperarse. Como todos saben, la secuencia de reformas tributarias que hemos tenido en la última década solo genera caos en la administración pública y el fisco nacional, esto sin contar con la pérdida de confianza de los inversionistas y el desánimo que genera en las clases medias productivas. Que no se nos olvide que justamente son las PYME las que aportan un 40% al PIB (4), y las más sacrificadas con las reformas.  

No siendo suficiente con esto, en medio del caos y los intentos de los gobiernos locales por superar la crisis, muchas verdades escondidas han salido a la luz pública. Sabemos de los sobrecostos en las ayudas alimentarias, nos hemos enterado de senadores y gobernadores sin inescrupulosos para manejar el dinero público, nos dimos cuenta de que el Estado hacía uso de una base de datos desactualizada para repartir ayudas y que esto era un ejemplo de cómo se desvían fondos públicos. Supimos que en nuestra ciudad el catastro está tan desactualizado que personas con ingresos altos están exentas del pago de servicios públicos porque aparecían como estrato 1. (5)  

¿Resistiremos una nueva reforma tributaria? Depende.  Si el equipo técnico del gobierno se está reuniendo para pensar una reestructuración que garantice salir adelante, valdría la pena ofrecer algunas ideas.   

1) Una mirada geométrica y no aritmética para la declaración de renta:  cuando se publicaron las declaraciones de renta de los políticos nos enteramos de que muchos tenían grandes patrimonios y altos ingresos, pero su pago fue $0. Partiendo de la buena fe, sus declaraciones están bien hechas y no hay evasión, pero si comparamos los patrimonios e ingresos de ellos -y de otros cuantos- con los de la mayoría de los colombianos que declararon renta, ¿Tendríamos las mismas proporciones? Conozco casos en los que se tuvo que hacer avances de tarjeta de crédito. Vale la pena que el gobierno piense nuevamente ese campo.  

2) Revisión del catastro nacional:  este es un asunto viejo que no se ha querido abordar, pero exige una revisión. Quienes han liderado esto han sido las bancadas de izquierda y lastimosamente la falta de comunicación hace pensar que tocar los capitales es atentar en contra de la propiedad privada; pero no. Los usos del suelo no pueden regularse bajo el capricho de unas minorías.  

3) Reforma rural integral:  acelerar la implementación del punto 1 de los Acuerdos de la Habana es garantizar la industrialización del campo, trayendo consigo empleo rural bien pago y una modernización de la producción agrícola. Aunado a esto, es fundamental cerrar la frontera agrícola e incluso, comenzar a reducirla con el fin de aplicar los principios consagrados en la misma constitución y leyes agrarias: la función ambiental y social de la propiedad.  

5) Venta de activos incautados:  no es secreto que el Estado ha dado un manejo inadecuado a los activos incautados bajo el principio de la extinción de dominio. Diariamente tenemos que ver cómo se deterioran edificios y tierras productivas se las come la manigua. Es fundamental acelerar la regulación de esas propiedades y ponerlas en venta con el fin de obtener dividendos.    

6) Fortalecer a la DIAN:  se requiere con urgencia un sistema de vigilancia y control que garantice la recaudación e identifique a los evasores.   

Es fundamental que estemos atentos y atentas a las medidas que tome el gobierno, no olvidemos que tarde o temprano nos afectaremos todos.  

Algunas notas:  

1.  Irresponsable medida del gobierno para el tratamiento del COVID en cárceles del país. La solución para el hacinamiento puede ser peor que la misma enfermedad. Aquí no solo se trata de evitar el contagio del virus; también hay que dar garantías en derechos de los presos y de la sociedad.   

2.  Derivado del punto anterior, urge una reforma estructural al sistema carcelario ¿Cuál es el sentido de la prisión? Por allí podríamos comenzar a discutirlo.  

3.  El Hospital San Juan de Dios no se habilitó y la alcaldesa de Bogotá prefirió invertir miles de millones de pesos en Corferias. Dice ella que dicho edificio se está cayendo y es un riesgo; por el contrario, Petro asegura otra cosa. ¿Quién tiene la razón?, ¿Será que al final la Procuraduría tendrá una observación similar a la de la Fase 1 del Metro en Bogotá?   

4.  Muchos se indignan porque profesionales de las notarías y los juzgados usan trajes de protección. Ojo con el fuego amigo. La indignación debe ser con el sistema de salud que no es capaz de garantizar los mínimos para el gremio.  

5.  En recesión mundial se reducen las remesas. Posiblemente la idea de clase media sea más frágil de lo que pensábamos.  

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