La Procuraduría General de la Nación inició una acción preventiva para garantizar el correcto funcionamiento del albergue destinado a la atención de víctimas del conflicto armado residentes en Pereira, a fin de evitar que se sigan presentando dilaciones en las entregas de las ayudas humanitarias solicitadas.

Debido a las presuntas faltas en la planeación que, a la fecha, no han permitido disponer de un espacio de manera permanente. 

 La Provincial de Instrucción de Pereira pidió información a la Secretaría de Desarrollo y Político del municipio sobre las acciones realizadas en aras de formalizar una contratación definitiva, y evitar que se sigan adelantando procesos de mínima cuantía.

De igual manera, el Ministerio Público manifestó su preocupación por las modificaciones que se han hecho a los procesos contractuales y que pondrían en riesgo a un nuevo grupo de 62 víctimas, quienes vienen solicitando la ayuda humanitaria desde el inicio de 2023 y están a la espera de la adjudicación del nuevo contrato.

En consecuencia, solicitó a la Secretaría garantizar los derechos de las víctimas a una atención oportuna e informar las acciones que se adelanten para brindar la asistencia.

Finalmente, ante la declaratoria desierta que se registró para el contrato principal en 2022, la Entidad instó a que se revisen los términos y condiciones, de manera que se evite que los recursos destinados sean correctamente empleados en la población víctima del conflicto armado y puedan suplir las necesidades alimentarias y asistenciales de quienes requieran la ayuda.