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Procuraduría alerta sobre inconsistencias en el reporte de información de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar PAE

Escrito por Periódico El Expreso , 05 de Octubre de 2022. Guardado en Hoy qué

36 entidades territoriales fueron requeridas para que aclaren al ente de control la información sobre PAE y se efectúen los ajustes a los que haya lugar. Foto: ESNEYDER GUTIÉRREZ / CEET

La Procuraduría General de la Nación advirtió serias inconsistencias por parte de 36 entidades territoriales, en los reportes de información para el seguimiento y monitoreo de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
 
El ente de control requirió a 29 municipios y siete departamentos del país para que revisen y ajusten la información reportada en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP que, en algunos casos, presentan anomalías en el registro de los días de atención contratados, asignación de recursos versus porcentaje de compromisos asumidos con dichos recursos y adiciones en contratos por más del 50 %. 
 
En su comunicación, el ente de control recordó que el reporte de la información debe ser confiable, veraz, oportuno y preciso y que el no envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno nacional y el haber remitido o entregado información incompleta o errónea, puede constituir un riesgo para la prestación adecuada de los servicios financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.
 
El Ministerio Público exhortó a las entidades territoriales responsables a que registren la información de manera acertada pues esta es fundamental para monitorear y lograr el seguimiento, evaluación y control de la destinación de recursos del PAE, así como para la implementación de soluciones de política pública orientadas a garantizar el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios.
 
La Procuraduría continuará adelantando acciones para anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública.

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