La Gobernación de Risaralda presentó la política pública para las mujeres, un documento extenso y desordenado, en el que se plantean las acciones que buscan fortalecer los procesos de empoderamiento de las mujeres para los próximos 10 años. La única mención a las mujeres indígenas, (sin acciones ni presupuesto concreto en el plan de acción) y sus problemáticas fue el siguiente:   

“En el departamento habitan 29.909 indígenas, que equivalentes al 3,17% del total de la población… de los cuales el 49,9% son mujeres (14.924 personas). Acciones frente a la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas (Ablación genital), a la promoción de sus derechos fundamentales, al empoderamiento social, político y comunitario de sus lideresas para promover su participación en espacios de decisión y representación en sus gobiernos, deberán implementarse como parte de las actividades de las secretarías responsables”.   

Risaralda es el único territorio en América Latina donde aún se practica la ablación o mutilación genital femenina.  Suena fuerte y tal vez a algunos dirigentes de la región les molestará que se afirme con tal contundencia que una práctica tan cruel de violencia de género y que afecta los derechos humanos de las mujeres aún está vigente en este departamento.

Incluir un indicador que de muestra de la voluntad para eliminar esta práctica no debería ser tan “complejo”, pues no sólo el tema está detallado en la Convención de Belén Do Pará como una violación a los Derechos Humanos de las mujeres, sino que es uno de los indicadores de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- Objetivo 5 (equidad de género, meta 5.3). En este marco, el argumento de no asumir este tema porque se considera injerencia en la jurisdicción indígena pierde legitimidad.   

La cifra exacta sobre cuántas niñas son sometidas a la práctica de la ablación es incierta y sólo se hace evidente cuándo por complicaciones de este procedimiento y en otras consultas de salud no asociadas al tema, los médicos identifican que han sido sometidas a esta práctica irregular. 

Desde 2011 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el Fondo de Población para las Naciones Unidas -UNFPA- lideraron un proyecto que terminó en la firma por parte de las autoridades indígenas de la resolución 001 en el año 2009 en el que se comprometieron a suspender la práctica de la ablación. Sin embargo, 14 años después los casos continúan ocurriendo.   

Por otro lado, y no menos grave, el subregistro que existe sobre el abuso y violencia contra las mujeres Emberá es alarmante. La voz a voz en los municipios con presencia indígena da cuenta no sólo del abuso al que son sometidas muchas mujeres sino del uso de las niñas para actividades sexuales.

Finalmente, los risaraldenses hemos sido testigo de los problemas de mendicidad de mujeres, niños y niñas indígenas, quienes son sometidos a esta práctica por miembros de sus propias comunidades.   

PD- Columna escrita en 2020, ajustada en 2022 y 2023. El tema sigue vigente.