Un grupo de más de 60 organizaciones, exministros y pacientes, presentó este 15 de mayo el Pacto Nacional por un Mejor Sistema de Salud en Colombia, en el que expresaron su rechazo al proyecto de ley que busca modificar el sistema de salud del país. 

El pacto fue suscrito por representantes de usuarios, Pacientes Colombia, la comunidad Bethlemitas, el presidente de la Andi, académicos, expertos y exministros de salud como Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria. 

Los firmantes solicitaron al presidente Gustavo Petro, que retire el proyecto de ley 339 de 2023 y que convoque a una gran mesa nacional para discutir las reformas necesarias con evidencia técnica y científica y con participación ciudadana. 

Según los firmantes, el proyecto de ley no garantiza el derecho fundamental a la salud y pone en riesgo los logros alcanzados en el sistema actual, como la libertad de escoger el asegurador. 

El exministro de salud del Gobierno Samper, y embajador de Colombia ante la Unesco, Augusto Galán, leyó algunos argumentos por los que, consideran, se debe retirar el proyecto de ley. Siendo los siguientes: 

1.No resuelve los problemas de cobertura y acceso que se presentan en los territorios, por el contrario, fragmenta y desarticula los niveles de atención, afecta su integralidad, no garantiza la continuidad de los tratamientos de los pacientes y elimina la función de agencia para el paciente, lo cual se traducirá en barreras de acceso para la población. 

2.Dispersa funciones de agenciamiento y gestión integral de riesgos en diversos agentes públicos creando confusión en los roles y las responsabilidades frente a los pacientes y el sistema. • No garantiza la sostenibilidad financiera del sistema; por el contrario, rompe la protección financiera que para el Estado significa la unidad de pago por capitación (UPC). 

3.Establece un modelo de pago que combina el subsidio a la oferta, el pago por servicio y la capitación, sin mecanismos de contención apropiados y con enorme riesgo de desborde presupuestal. Además, las aproximaciones al impacto fiscal que tendría esta reforma han señalado varias decenas de billones de pesos, sin considerar el plan completo de inversión, que, sumado a la falta de control en el gasto futuro, pudiera convertirse en una cascada de recursos fiscales con cargo a la Nación. 

4.No plantea una arquitectura institucional articulada y eficiente; en cambio, crea múltiples instancias que aumentan la burocracia en el sector y exponen el sistema a la politización y al uso inapropiado de los recursos con los consiguientes riesgos para los pacientes derivados del tráfico de influencias.

5.Defiende la necesidad de adoptar un modelo preventivo de salud, sin embargo, la compleja operación del sistema que propone no garantiza mejores resultados en prevención y promoción de la salud; por el contrario, desdibuja los mecanismos de la gestión del riesgo en salud. 

6.Conduce a la estatización total del sistema al concentrar la mayor parte de sus funciones en las entidades públicas y desaparece por completo el aseguramiento en salud, para transitar hacia un sistema público de salud. • Desconoce que el sistema de salud, en consonancia con el artículo 48 de la Constitución Nacional, ha constituido una gran alianza publico privada, que ha contribuido a acrecentar los niveles de atención y calidad con los que cuentan la mayoría de la población colombiana. 

7.Desincentiva la participación privada en la prestación de los servicios, desconoce los esfuerzos en calidad, avance tecnológico, formación del talento humano en salud e inversión, que ubican a Colombia en un lugar destacado de oferta hospitalaria de excelencia. 

8.Propone el manejo centralizado de los recursos en el ADRES, institución que ha manifestado no contar con las capacidades ni la infraestructura para responder por toda la operación financiera y gestión administrativa del sistema. 

9.Adicionalmente, crea fondos cuenta regionales, con estructuras burocráticas asociadas, que exponen al sistema a una falla del servicio, que se traducirá en pérdida de vidas. 

10.Elimina la función de gestión de riesgo en salud y riesgo financiero que soportan el sistema en la actualidad y desconoce la labor de agencia que esta función implica para los pacientes, como es, la conformación de las redes y su eficiente contratación, al igual que las gestiones tan complejas como el reconocimiento y pago de prestaciones económicas. El tránsito que propone hacia la creación de “Gestoras de Salud y Vida” no es nada distinto que el lento marchitamiento de las EPS que hoy cumplen esa primordial función.

11.Los cambios propuestos por la reforma generan incertidumbre e inestabilidad laboral para más de cien mil trabajadores y trabajadoras del sector salud.

12.No presenta las reglas claras para un eventual período de transición que protejan los avances adquiridos por los pacientes y usuarios en el goce efectivo del derecho a la salud y garanticen las prestaciones a las cuales hoy tienen acceso. 

13.El proceso adelantado hasta ahora en el Congreso de la República ha violado varias de las disposiciones de la Ley 5 de 1992, que rige el trámite de las leyes en Colombia. Los innumerables, evidentes y documentados yerros de procedimiento advertidos a lo largo de las deliberaciones en la Comisión Séptima del Congreso, pone en vilo la vocación de permanencia del proyecto. Adicionalmente, un grupo importante de juristas ha considerado que muchas de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley deben tramitarse por una ley estatutaria, en tanto comprometen la garantía del Derecho fundamental a la salud. 

14. Por todo lo anterior, existe un alto riesgo de que la reforma sea inconstitucional, con pérdida de tiempo y enormes peligros para el sistema.