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PAZ.

Escrito por Alejandro Medina Marín , 15 de Noviembre de 2021. Guardado en Opinión

Colombia ha estado inmersa desde tiempos históricos en guerras con discursos políticos basados en el acceso a la justicia (Información, protección, participación) y servicios básicos; cómo olvidar la guerra de los Godos y los Liberales, que marco la historia de las familias Colombianas, por la ideología a favor de un Conservador o un Liberal.  Entre los años 60`s y 70`s se dio inicio a la Doctrina de Seguridad Nacional  amparado en el Decreto 3398 de 1965 convertido en la ley 48 en 1968, que promovía la temerosa teoría del enemigo interno para justificar indiscriminadamente la confrontación armada en el interior de Colombia. Además, se dio autorización a los comandantes militares para entregar armas de uso privado de las fuerzas militares a civiles, convocando a la población a realizar acciones armadas. 

Los años 80´s en Colombia representaron el genocidio político, fueron asesinados candidatos presidenciales o movimientos políticos como la “Unión Patriótica” y “A Luchar”. Del mismo modo vivenciamos el MAS (Muerte a secuestradores), que vinculaba a personal activo de las Fuerzas Armadas con narcotraficantes para protegerlos a ellos y a los terratenientes sobre las acciones de las FARC - EP y el M-19, llevando a cabo asesinatos de secuestradores y militantes de izquierda.  Seguido, en los años 90´s se incrementó el problema de seguridad interna, con las Autodefensas Unidas de Colombia y las Convivir, legalizadas por medio del decreto 356 de 1994 que aprobó el funcionamiento en las asociaciones de vigilancia rural que dejaron el lamentable saldo de doce mil asesinatos y cómo no mencionar el logro de la Constitución de 1991 que decretó la paz cómo derecho fundamental y anunció la llegada de la democracia al país de los ensueños.

Teniendo en cuenta esto, es indiscutible que las FARC - EP en los años 60´s hasta el 2016 logró bajo la quimera de una Nueva Colombia, imponer gobiernos Farianos en las zonas rurales donde el Estado no hacía presencia con servicios básicos, seguridad, ni acceso a justicia o participación política, e incluso sin presentar actos administrativos que permitieran el acceso a la tierra, lo que se convirtió en el justificante, actualmente  transgredido,  de las ideologías políticas y militares  históricas de estas expresiones de lucha armada.

Los gobiernos que fueron impuestos por las FARC en las zonas rurales apartadas,  se basaron en la idea de crear una “Nueva Colombia”, imponiéndose de este modo un sistema social, donde las decisiones se tomaban de manera mancomunada con las poblaciones en las que hacían presencia, logrando acuerdos en temas cómo protección ambiental o animal, aportes para la prestación de servicios cómo acueducto y energía, reglas de convivencia e incluso la capacidad de producción agrícola por hectáreas, creando una estructura social entre vecinos que en diversas ocasiones se malograba con la intimidación, amedrentamientos, amenazas, enfrentamientos, reclutamiento de menores, violaciones y hasta la muerte a sangre fría sin importar alba u ocaso, pues cada segundo del día era para estos grupos insurgentes, el momento perfecto para silenciar voces y sembrar miedo. Del mismo modo generaron un sistema económico donde se pagaba un impuesto por cada carga de hoja de Coca o Marihuana que saliera del territorio, desarrollando una cadena de producción y comercialización.

Con el proceso de paz en el gobierno Santos se logró que las realidades de estas comunidades cambiarán y se intentará reintegrar al estado Colombiano las zonas rurales olvidadas, ofreciéndoles paz, seguridad, tecnificación agraria, educación y producción agrícola. Sin embargo, el proceso de paz bajo el actual gobierno Duque ha entrado en una implementación de desconfianza, pues sus integrantes de partido tenían la intención de hacer “trizas la paz”, aunque estuviera asegurada y blindada bajo la constitución del 91, la Corte Penal Internacional y la Verificación de la ONU. 

Por ende se debe dirigir la mirada hacia las dificultades de la implementación del acuerdo de paz. La seguridad de los excombatientes y sus familias (que resulta con la muerte de 292 excombatientes), que se han visto en amenaza constante, al punto que muchos se han quedado en  los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) debido a que no encuentran oportunidades en las urbes cómo consecuencia de la falta de recursos para seguir adelante con sus proyectos productivos.

Además, es indiscutible que la estrategia de toma de decisiones para implementar los proyectos en el actual Estado perdió su sentido participativo.  No se tienen en cuenta los líderes, ni las Juntas de Acción Comunal para construir de manera mancomunada los mismos y promover de antemano la autogestión, ¿o acaso le temen al empoderamiento político y social de las zonas olvidadas del país, pues son conscientes del proceso histórico de violencia y de inseguridad que promovieron durante el periodo 2002 - 2010?

Velar por la implementación del acuerdo de paz  debe ser una responsabilidad inconmensurable de las instituciones Colombianas pues la historia nos ha mostrado que la guerra contra las guerrillas, el narcotráfico y las drogas se ha perdido a expensas de muertes inocentes, la estigmatización de las zonas rojas, el futuro inviable de los niños y niñas del país y las afectaciones físicas y psicológicas de personas victimas; no en vano  hubo manos políticas que  pusieron trabas para no realizar el proceso de paz con el ELN y el Clan del golfo, pues se quedaban sin carpa de guerra  para dar pan y circo a puertas de las elecciones del 2022.

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