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Noticias paralelas: entre 1888 y el 2020

Escrito por Andrés Carrero , 18 de Marzo de 2020. Guardado en Opinión

El 17 de marzo del 2020, Caracol publicó que el Consejo de Estado había emitido un fallo por medio del cual la multinacional Odebrecht se libró de pagar $8.500 millones de pesos al Estado colombiano por el incumplimiento en la construcción de la vía férrea entre La Loma y Santa Marta. El asunto es que, inicialmente, la empresa había sido obligada a pagar esta suma porque así lo había establecido el Tribunal Administrativo del Magdalena, pero por apelación, el caso llegó hasta el Consejo de Estado y finalmente se determinó que “la demanda debió presentarse en un máximo de dos años después de la liquidación del contrato” (1), por lo que la empresa no estaba en obligación de pagar el monto mencionado. Conclusión, ni terminaron la obra, ni pagaron la multa.

Leer esta noticia me hizo recordar no solo uno de los casos más polémicos de la historia regional en el Eje Cafetero, sino también, la incapacidad que tiene el Estado colombiano para garantizar la defensa de nuestros bienes públicos y capitales. ¿Qué tiene en común este caso con lo vivido en la Provincia del Quindío desde 1884 hasta muy entrado el siglo XX?

Resulta que en 1884 se fundó en Manizales la Empresa de Fomento y Colonización Burila, la cual tenía como objeto la explotación de las minas de sal de Burila y además, promover la colonización en la Provincia del Quindío, específicamente la región oriental, es decir, las tierras que van desde Calarcá hasta La Victoria en el norte del Valle, y desde la frontera con el Tolima hasta la línea que traza la cuchilla de los Pijaos, que es la pequeña montaña donde se fundó San Luis, hoy Sevilla-Valle (2). El problema era que la empresa no solo abarcaba el globo de tierra heredada a Lisandro Caicedo, empresario vallecaucano, sino también, cientos de hectáreas baldías entre los valles de los ríos La Vieja, Quindío y Barragán, las cuales se apropió Caicedo con maniobras políticas y connivencia del Fiscal encargado de acompañar el deslinde.

Cuando los colonos que vivían en la región se enteraron de la demarcación y que sus posesiones habían quedado integradas en el denuncio hecho por Lisandro Caicedo, principal dueño de la empresa, comenzaron una disputa por medios formales (legales) e ilegales para garantizar el derecho sobre las tierras cultivadas; pero hubo uno de ellos que podría considerarse, el más importante, porque el resultado del fallo determinó la trayectoria de los conflictos que afectaron a la región por más de 3 décadas, ¿Por qué?

Cuando Pablo Gil, colono agraviado con el deslinde, se enteró que sus tierras habían sido incluidas en el globo de Burila, comenzó a recoger pruebas en distintos juzgados con el fin de demostrar que Caicedo se había apropiado de los baldíos y que, además, estaba perturbando a los colonos que habían llegado antes de 1884 al Quindío con el objetivo de hacer casas y labranzas para así, obtener el derecho de propiedad sobre las posesiones.

Entonces, después de recorrer durante cuatro años la región recogiendo declaraciones de testigos y de interponer la demanda respectiva, Gil esperó el fallo del Juzgado del Circuito del Quindío. Con lo que no contaba él y el representante del ministerio público que servía como su apoderado según lo permitía la Ley 48 de 1882, era que el fallo iría en su contra debido a motivos procesuales.

Atónitos con el fallo, el Fiscal apeló y el caso y este llegó a la Corte Suprema que era el órgano de cierre, pero para sorpresa de los colonos expectantes, la Corte consideró que la acción posesoria intentada por el agente del ministerio público y la denuncia del error inducido durante el deslinde se había hecho con

“dos años, cuatro meses, trece días después de que tuvo lugar el deslinde mencionado; y como conforme al artículo 976 del Código Civil, las acciones que tienen por objeto conservar o recuperar la posesión, prescriben al cabo de un año, la acción promovida para conservar la posesión de los terrenos en cuestión, prescribió desde mucho antes de intentar el interdicto posesorio el Agente del Ministerio Público del Circuito del Quindío, puesto que dejó pasar más de dos años para hacerlo” (Archivo Histórico de Cartago, Colombia (AHC), 1884, Fondo judicial-república, Sección Demandas, Folio 221).


Evidentemente se trató de un fallo en derecho, pero ¿Qué podría deducirse? Que no solo ganó la corrupción por un asunto técnico, sino que el Estado no contaba con una defensa real de sus intereses. Ahora bien, ¿En qué se parecen estos casos presentados? Saque sus conclusiones.

Para pensar:

1.  El caos desatado por la llegada del Coronavirus pone en tela de juicio el alcance del proceso civilizatorio.

2.  Demorada intervención del gobierno; parece que en todo se improvisa.

3.  Digamos que le creo a Uribe y a Duque, ellos no compraron votos, pero su elección, al parecer, sí estuvo cruzada por la compra de votos; así las cosas, ¿Debería considerarse ilegal este gobierno?

(1)  Consejo de Estado tumbó condena contra Odebrecht

(2) La Provincia del Quindío estaba conformada por los actuales departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y algunos municipios del norte del Valle del Cauca. La capital de la Provincia era Cartago.

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