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NO CESA LA LARGA NOCHE

Escrito por Alejandro Medina Marín , 13 de Mayo de 2021. Guardado en Opinión

Colombia sigue en pie de lucha frente a un Estado que ha respondido con pie de fuerza en contra de manifestantes pacíficos, sembrando miedo y zozobra al movimiento y sus integrantes. Los cuales, salen a las calles con valentía interminable bajo el fuego del sol, las balas cobardes, perdigones o lacrimógenas que alumbran la noche; las palabras y arengas que hieren a las más privilegiadas clases sociales o políticas y los pensamientos plasmados en el infinito en más de treinta y cinco epitafios que ha dejado madres, padres, familias, amigos de las víctimas, en ira, tristeza y desesperanza para su vida. “Que me lleven a mí también”, “era mi único hijo”, “nos costará la vida porque nos están matando”, es lo único que deja está tregua interminable, producto del Estado que no es mediador y no representa al pueblo que le otorgo el poder hace más de 8 años. ¿Acaso aún no se han dado cuenta de las atrocidades que se han cometido?, ¿o nos les basta los 6.402 motivos que han dejado en evidencia este cruel Estado?  

La violencia y las masacres nacionales se han tomado las noches de manera continua y sin tregua para quienes protestan por un mejor país. Ciudadanos, policías uniformados y paramilitares, de manera cobarde y respondiendo a la cultura e imaginarios de una sociedad que vive a diario  la guerra y no le apuesta a la paz, acto evidenciado en el año 2016, han tratado de amedrentar la constitución, los derechos a la protesta y la libre expresión, consagrados en la Constitución Política Colombiana en su artículo 20 (libertad de expresión), artículo 37 (derecho a la reunión y asociación) artículo 40 (derecho a conformación, ejercicio y control del poder político). Los hechos de violencia no son asilados cómo lo quieren hacer ver los medios de comunicación hegemónicos, que no se encargan de informar sobre las situaciones sociales y económicas del país, sino que responde a las exigencias acomodadas del Estado y sus instituciones.  

Las peticiones del movimiento son claras, educación, salud, ambiente, y cuestiones laborales, resume los sentires de inconformidad con el actual modelo de país que estamos gestando desde la entrada del neoliberalismo, el cual dejo en manos de privados las responsabilidades que se supone debe garantizar el Estado, convirtiéndose de este modo en ente de control y veeduría amañado de las entidades privadas. El Estado pretende, cada vez más, renunciar a sus deberes constitucionales, a tal punto que se niega a escuchar y atender las peticiones más sentidas de su pueblo, respondiendo y privilegiando de manera contraria las exigencias de entidades que responden de manera funesta a sus responsabilidades constitucionales.  

La reforma a la salud no debe pasar en el senado. Esta es una reforma que no le apuesta a la salud pública efectiva y no garantiza la vida de los colombianos, por el contrario, de nuevo pretende privilegiar a las instituciones de salud privada. Algunas de sus peticiones deberían existir en la legislatura actual por medio de decretos reglamentarios, como lo es la atención a migrantes, incentivos para mejorar el sistema, insistir en medidas de evasión y expandir el alcance de la medicina familiar. Sin embargo, este prematuro proyecto no soluciona los problemas estructurales del sistema de salud, que se incrementa por la crisis del COVID-19, y tampoco aborda la garantía de este derecho fundamental. Es una reforma que no ha invitado al debate, que no tiene financiación según el Ministerio del Interior y que deja plasmado en su interior muchos puntos tratados de manera superficial.  

El Estado y los representantes de este gran paro nacional (que hasta la fecha no han sido claros al enunciar su vocero), deben velar por los derechos fundamentales de la ciudadanía y ser la voz del paro nacional y sus exigencias. El pliego de peticiones es claro, e incluso sigue recogiendo exigencias del paro del 2019-2020: salud, educación y medio ambiente. Parece ser que no han avanzado a favor en las políticas estatales, incluso se pretendía afectar estos mismos con la nefasta reforma tributaria, dejándolas sin protección y respuesta oportuna.  

El llamado al diálogo y la escucha en todas las regiones del país debe continuar, pero no como se ha hecho de manera histórica, se debe trascender hacia la búsqueda colectiva entre Estado, sociedad, saberes empíricos, autóctonos y científico-académicos de las soluciones estructurales que emite el país en sus coterráneos. El COVID-19 no da tregua, la masacre de los jóvenes y protestantes no ha cesado y el Estado ha llamado al diálogo bajo las largas noches iluminadas con las balas emitidas por sus instituciones. Aprendan y recuerden el proceso de paz del 2016, cuando su bancada y sus partidos políticos aliados, con el propósito de decir no a la paz, exigían el cese al fuego con las FARC para seguir en diálogos. Esta vez deben mirarse al espejo y parar la masacre para invitar al diálogo nacional. Que la guerra no sea la vía, que el diálogo y la reflexión crítica sean la solución, siempre y cuando se busque el punto de equilibrio, sin que se sacrifique un derecho a favor del otro. La ONU y todas las organizaciones internacionales y nacionales deben ser mediadoras y veedoras de este diálogo.  

Finalmente, presidente Iván Duque, usted juro proteger y velar por el bienestar de todo el pueblo colombiano, no se permita olvidar que fue escogido democráticamente como el jefe y máximo líder de este país, y aunque existan constantes diferencias entre unos y otros, debe buscar proteger la vida, por encima de todo.  


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