Cruz Alejandra Londoño, alias Lorena, cabecilla de una peligrosa red de trata de personas aceptó ante la justicia que contactaba jóvenes en ciudades del Eje Cafetero y Valle del Cauca para enviarlas a China con fines de explotación sexual.   

Según las investigaciones de las autoridades alias ‘Lorena’ era la encargada de convencer a las jóvenes con falsas ofertas de empleo y enviarlas a Guangzhou, China, al llegar allí eran retenidas en inmuebles, sometidas a tratos crueles e inhumanos y obligadas a ejercer actividades sexuales.   

La Fiscalía General de La Nación obtuvo la declaración de por lo menos tres víctimas de 19 y 20 años, que fueron captadas a través de engaños, les prometieron que trabajarían como comerciantes en el territorio asiático.   

Tras convencer a las niñas quienes aceptaban con el fin de tener una mejor calidad de vida la organización criminal les tramitó la visa y les compró tiquetes aéreos para trasladarlas al exterior.   Una vez las mujeres llegaron a Guangzhou (China), alias ‘Lorena’ las ubicó en un inmueble y, mediante el uso de la fuerza, la violencia y múltiples vejámenes, les quitó los pasaportes y las obligó a realizar actividades sexuales en discotecas y clubes nocturnos.   

Para evitar que escaparan, a cada una de las afectadas les impuso cuotas de dinero que debían cubrir accediendo a los propósitos de los hombres que visitaban los establecimientos de comercio y las amenazó con tomar represalias en Colombia contra sus familiares.   

Ante las contundentes pruebas que tenía el ente acusador contra alias Lorena está tomó la decisión de llegar a un preacuerdo con la fiscalía y aceptar los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. A raíz de eso, Juez Penal Especializado de Pereira la sentenció a la pena de 8 años y 3 meses de prisión; y libró una orden de captura para que cumpla la pena en centro carcelario.   

La Fiscalía demostró que alias Lorena sería la encargada de articular todo el andamiaje criminal desde Guangzhou (China), donde las víctimas eran retenidas en inmuebles, sometidas violentamente y obligadas a ejercer actividades sexuales.  La estructura criminal operó desde 2016 hasta finales de 2022.