El pasado fin de semana el congresista liberal caldense Mario Castaño y quien tiene una fuerte influencia en todo el Eje Cafetero, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por el delito de concierto para delinquir y por liderar el cartel de corrupción conocido como “Las Marionetas”. El político gestionaba millonarios contratos con ministerios, gobernaciones, alcaldías, regalías, órganos de control y exigía la entrega de comisiones – sobornos- por el 10% del valor total de los contratos o convenios. Además, tenía cuotas en diferentes entidades, como por ejemplo en la Contraloría General, donde, como quedó evidenciado en la nota de noticias Caracol emitida el domingo 18 de junio, el contratista ni siquiera iba a trabajar, pero inventaba actividades para cobrar sus honorarios. ¿Conocen casos similares?  

La noticia “pasó de agache” en Risaralda a pesar que en este territorio, Mario ha acompañado diferentes políticos risaraldenses y estuvo incluso a punto de tener contralora municipal. El modus operandi del excongresista no es ajeno a la política local y aunque no existen denuncias formales sobre los sobornos en Risaralda, es un secreto a voces, que aquí también la comisión del 10% en la contratación ha sido utilizada por diferentes políticos locales.  

“Si tiene pruebas denuncie”, ”nos vemos en los estrados judiciales”, “se vuelve cansona”, es la respuesta que recibo cuando expongo estos temas en espacios donde se ha normalizado de tal manera este actuar, que quien lo aborda,  incomoda. 

Sin embargo, hay ciudadanos valientes y algunos medios locales que alertan públicamente los riesgos de corrupción que existen ya sea en los trámites cooptados por políticos locales, en la contratación de infraestructura pública y en las Ordenes de Prestación de Servicios – OPS- donde hay contratistas que solo aparecen para firmar las cuentas de cobro sin cumplir funciones.    

Pasar de la alerta a la denuncia formal es un reto, dado que los “whisteblowers”  “denunciantes” o “sapos”  como los llaman los corruptos, no cuentan con la protección y acompañamiento adecuado. 

Por ello comparto la petición liderada por Transparencia por Colombia para movilizar desde la virtualidad la importancia de garantizar la protección a quien denuncia la corrupción: “En Colombia, los denunciantes de hechos de corrupción se enfrentan a amenazas, represalias laborales, discriminación y papeleo legal. Esto ha llevado a que quienes conocen hechos de corrupción no denuncien. Sin embargo es gracias a los que se atreven, que muchos casos han sido conocidos e investigados.   

En Risaralda poco se profundiza sobre los aliados de Mario Castaño, pero quienes estamos en el contexto político sabemos que tiene equipo en el departamento, influenció sobre todo municipios del occidente de Risaralda, Dosquebradas y Pereira y su modus operandi ha sido usado por otros políticos locales, sin que los órganos de control actúen. Órganos de control territoriales que por años han estado cooptados por congresistas y políticos de la región.