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LA PAZ EN COLOMBIA: ¿UNA PRIORIDAD?

Escrito por Alejandro Medina Marín , 10 de Mayo de 2020. Guardado en Opinión

Durante el Gobierno de Samper, con la expedición de la Ley 368 de 1997, se creó el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia, el cual tiene como objetivo la financiación, cofinanciación, diseño y desarrollo de planes, programas y estrategias para el logro y mantenimiento de la paz, encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas. Entre las estrategias se encuentran  1) la habilitación y rehabilitación de los discapacitados víctimas de la violencia, 2) la financiación y cofinanciación de actividades que generen condiciones para entablar conversaciones, diálogos y firma de acuerdos con grupos alzados en armas que participen en el conflicto interno armado, 3) los estudios que permitan el seguimiento a los hechos constitutivos de violencia y su evolución, con el fin de construir una política de paz, 4) dar apoyo económico a las iniciativas de la sociedad civil a nivel nacional y regional, en pro de la paz, reconciliación y convivencia pacífica. Aunque ese Fondo es distinto al Fondo Colombia en Paz, creado en 2017, en el marco del Acuerdo con la antigua Farc, los recursos del Fondo Paz también están priorizados para temas de paz en el territorio nacional.   

Teniendo en cuenta lo anterior, la firma Du Brand SAS (financiadora de la campaña del NO en el plebiscito), especializada en marketing político, firmó el 30 de abril, un contrato por  tres mil trescientos cincuenta millones de pesos ($ 3.350.000.000)  con la Presidencia para apoyar la estrategia de comunicaciones del presidente Iván Duque, financiada con recursos de Fondo Paz, bajo la justificación de la necesidad del Estado para  “... informar de manera veraz sobre el estado real del proceso de paz, promover su participación activa para garantizar la evolución de los mismos y facilitar un diálogo entorno a la construcción de paz y la reconciliación” además, el contratista tiene como una de sus obligaciones la  “implementación de la estrategia de imagen y posicionamiento online del presidente de la república y la presidencia” ; y si le echamos un vistazo al contrato, pareciera ser prioritario fomentar la calidad de navegación de las plataformas del gobierno, posicionamiento  y visualización redes sociales del mismo, evidenciándose solamente en la “justificación” del contrato las intenciones del Estado en pro del proceso de paz. Ahora bien, ¿la justificación del contrato y obligaciones del contratista responden a los objetivos y obligaciones del Fondo de Programas Especiales para la Paz?  

Por otro lado, líderes sociales de diferentes regiones han enviado una carta de nuevo al Ejecutivo para que adopte medidas que garanticen su seguridad en medio de la pandemia, dado que entre enero y abril del año en curso, cincuenta y seis Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos han sido asesinados, lo que representa un aumento del cincuenta por ciento (50%) en comparación con él mismo periodo de 2018, dramático incremento, casi igualado con la violencia de género. Así mismo, se debe analizar porque las víctimas del perfilamiento del ejército en su mayoría son opositores del gobierno y defensores del proceso de paz.  

Invito a todos los lectores de esta columna, para que seamos garantes de la paz que tanto necesita el país y que luchemos por los derechos y reconocimiento de las víctimas de la guerra; gracias al actual proceso de paz se ha mejorado calidad de vida de los habitantes de los territorios más afectados por la violencia y como víctimas han defendido y apoyado convencidos que es desde allí donde pueden identificar los victimarios, aportar y conocer la verdad para elaborar sus duelos. Es con el Proceso de Paz que se pueden individualizar los criminales, tramitar sus sentimientos de culpa y vergüenza para su posterior juzgamiento. Mientras conocemos la historia para ser conscientes de ella y evitar que se siga repitiendo porqué construyendo y educando para la paz, podríamos pensar en una Colombia con menores casos de violencia política, intrafamiliar y de género, logrando una sana y pacífica convivencia que se traduciría en mayor desarrollo y equilibrio social.  

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