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HOY TODO ES COLOR DE ROSA… ¿Y LA CLÁUSULA PETRO?

Escrito por Julián Antonio Zapata Rodas - Abogado , 01 de Julio de 2022. Guardado en Opinión

Durante el primer trimestre del año se presentó todo un revolú en el estudio de la normativa privada colombiana, al ver como las personas estaban haciendo cada día más común en sus vínculos contractuales el uso de una cláusula condicional denominada como “Cláusula Petro”. 

En virtud de ello, se vio como dos tesis se fueron estructurando una de ellas negativa, abanderada por parte del jurista, catedrático y valle caucano Ramiro Bejarano Guzmán y otra postura de la cláusula Petro, podríamos decir que tiene un enfoque positivo (ojo no positivista, que perfectamente podría serlo) que tenía como fin mantener la viabilidad y efectos de la cláusula en el ordenamiento jurídico colombiano, tesis defendida por parte del abogado comercialista y Ex fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y otros.

Para contexctualizarnos podríamos tener a título de ejemplo por cláusula Petro el siguiente texto: “Condición Resolutoria: manifiestan las partes contratantes, que el presente contrato queda sujeto a la condición de que el Dr. Gustavo Petro, no sea elegido para el periodo presidente en el periodo 2022 – 2026, en el evento de ser elegido el presente contrato quedará resuelto de ipso facto, quedando las partes liberadas de las obligaciones aquí contratadas, volviendo a su estado precontractual” (Bejarano Guzmán). 

Así mismo y solo a título de referencia de este texto es menester que recordemos que las obligaciones condicionales, se encuentran reguladas en nuestro ordenamiento jurídico a la luz del artículo 1530 del código civil, el cual establece:

«Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no.»

En dicho sentido procederé a extrapolar de manera general los argumentos de parte y parte y finalmente será usted querido lector, quien determine que tesis acoger. 

Tesis negativa: Escribió el Dr. Bejarano, en El Espectador, el día 30 de enero de 2022, lo siguiente:

“En efecto, en algunos sectores económicos y empresariales, de los que andan temblando ante la eventualidad de que Petro llegue a la Presidencia, se ha puesto en marcha la estrategia sucia de incluir una estipulación en los grandes contratos que se vienen suscribiendo, por medio de la cual las partes, dizque en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pactan que el contrato solo empezaría a ejecutarse si Petro resulta vencido en las elecciones presidenciales, o que se deje sin efectos si llegare a convertirse en presidente. A este esperpento negocial ya le tienen nombre: la cláusula Petro”

Aquí podemos ver como el jurista, establece la diferencia entre la condición resolutoria y condición suspensiva, resolutoria es que es aquella que cumplido el evento futuro pone fin a la ejecución de un contrato y  condición suspensiva es aquella que es cuando el inicio del futuro negocio queda supeditada acaecimiento o no de dicha situación futura, según como se establezca. 

“Es cierto que la ley civil autoriza incluir condiciones en los contratos, sean positivas o negativas, pero con tal de que no consistan en un hecho que viole la ley, o que riñe con las “buenas costumbres o al orden público” (…) . En el complejo recorrido negocial nunca ha existido el hábito de atar los contratos a los avatares políticos, porque siempre el devenir contractual y el político tienen el destino de las paralelas, porque nunca se juntan. Por ello, inventarse estas cláusulas como forma de expresión del nuevo derecho a propósito de impedir que se ejecute un contrato o que sea rescindido, es incurrir en un grotesco motivo de ilegalidad.”

En dicho sentido el argumento del defensor de los efectos estériles, refiere a que dicho clausulado es ilegal e ilícito, ilegal por cuanto el acuerdo privado supera los linderos de la autonomía de la voluntad de las partes e ilícito por que a criterio del jurista se están cometiendo un concurso de delitos entre ellos el delito de pánico económico (artículo 302 del Código Penal) y constreñimiento al electorado (artículo 387 del Código Penal). 

En criterio personal, he de resaltar que establecer cláusulas que supeditan la continuidad o viabilidad de un negocio jurídico a la elección de un candidato de elección popular, no es costumbre en nuestro país; no obstante dicha estipulación contractual tampoco se encuentra prohibida de manera expresa. Empero no se puede desconocer que esta condición tiene su génesis en una presunta mala fe del futuro actuar del candidato, situación que tendrá que ser analizada por los juzgadores en su momento, pues debemos tener claro que nuestro ordenamiento jurídico la buena fe es verbo rector. 

Tesis positiva: Ahora en cuanto a lo establecido por los juristas defensores de la cláusula Petro, manifiestan como ya se había dicho que existe una libertad contractual, que dicho pacto no esta prohibido por la ley y que por ende su viabilidad y exigibilidad se ajusta a derecho.  Especialmente tienen como respaldo normativo, lo establecido en el artículo sexto de la Constitución Política de Colombia. 

ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. (…)

En dicho sentido defienden su tesis, en la orfandad prohibitiva y por ende encuentran que dicho postulado contractual es aplicable. 

“Las partes son libres de definir los términos y las condiciones de cualquier acuerdo, siempre y cuando este no sea contrario a la ley. La cláusula Petro es legítima, toda vez que el Código Civil contempla la existencia de obligaciones condicionales en su artículos 1530 a 1533. Esta no versa sobre un hecho prohibido por las leyes, o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. Únicamente busca seguridad jurídica para los contratantes, lo cual es fundamental para cualquier negocio.

(…) 

Tampoco se observa que en la cláusula Petro exista un constreñimiento al elector, como lo afirma el abogado Bejarano. Las partes son libres al pactar un contrato, pues acuerdan de manera voluntaria sus términos. Si alguno considerara que incurre en alguna irregularidad tiene plena libertad para no suscribirlo. No se obliga a nadie, solo se toma una mera precaución, como cuando se adquiere una póliza de seguros y se estipulan condiciones en caso de que suceda un siniestro. En este caso tenemos claro cuál sería el siniestro.”
(Alejandra Carvajal – Revista Semana). 

Con este breve abrebocas, se vislumbra que no será tarea sencilla la que tienen los jueces y magistrados en nuestro país quienes tendrán que auscultar la ontología, fines y principios constitucionales y del derecho privado, empero si será un momento dorado para el derecho civil y comercial colombiano, quien verá como se le da viabilidad o no a estos postulados particulares pues abrir o cerrar esta puerta terminará impactando a nuestra futura sociedad.  ¿Y usted con que tesis se identifica? 

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