El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado; y el Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes Muñoz, firmaron un acuerdo de cooperación que ratifica el compromiso de trabajar de manera armónica para lograr justicia pronta y efectiva con relación a los hechos de violencia cometidos con ocasión del conflicto armado en Colombia. “Un acuerdo que demuestra el compromiso de la Fiscalía General de la Nación con la Paz, y el compromiso personal para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) siga cumpliendo sus funciones adecuadamente. Apoyar a la JEP es apoyar la institucionalidad colombiana, es apoyar la idea que se tuvo de cierre de una historia muy larga de conflicto armado que existió en Colombia y que requiere todo el apoyo institucional”, destacó el Fiscal General.

El acuerdo permitirá a las dos entidades luchar mancomunadamente contra la impunidad, garantizar la protección de los derechos de las víctimas y comparecientes, fortalecer la articulación interinstitucional y el intercambio de información, actuar con rigurosidad y eficiencia en el marco de las competencias que constitucionalmente les asiste; y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Corte Penal Internacional (CPI) y avanzar con la judicialización de terceros civiles y agentes del Estado.

“Quiero agradecer al señor Fiscal su disposición y su voluntad para acompañar a la JEP en lo que concierne a la búsqueda de la verdad, los esfuerzos para garantizar a las víctimas reparación y ofrecer seguridad jurídica a los comparecientes (…) creemos que tener en Colombia dos locomotoras de verdad, la Fiscalía y la JEP, va a asegurar esa finalidad de luchar contra la impunidad, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas”, aseguró el presidente de la JEP.

Para lograr un ejercicio coordinado y colaborativo se reconoce la competencia prevalente de cada una de las jurisdicciones para investigar y esclarecer las conductas delictivas asociadas con el conflicto armado.

En ese sentido, la Fiscalía suspenderá el ejercicio de la acción penal cuando la JEP solicite un expediente. Esa interrupción será exclusivamente para quienes hayan sido reconocidos como comparecientes ante la JEP y continuará respecto a otras personas involucradas en los hechos que se investigan.

“La función de investigación de la Fiscalía solo se suspende de manera definitiva cuando la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz le notifica al señor Fiscal que, en lostres meses siguientes, va a dictar una resolución de conclusiones y en relación con quienes van a ser imputados y/o aceptan las imputaciones”, explicó el presidente de la JEP. La Unidad Especial de Investigación (UEI), así como las direcciones y grupos especializados de la Fiscalía seguirán investigando los actos de violencia contra los comparecientes o víctimas acreditadas ante la JEP.

“En este acuerdo se establece una estrategia frente a los terceros civiles y los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública, que no se han sometido voluntariamente a la JEP. En ese sentido vamos a trabajar conjuntamente para poder agilizar todos estos procesos y poder dar un cierre adecuado a cada uno de los casos correspondientes, siempre sobre la base de lograr evitar la impunidad, y garantizar la verdad, la justicia y las garantías de no repetición”, detalló el Fiscal Barbosa Delgado.

Lucha contra la impunidad

El acuerdo fija pautas para desarrollar un trabajo articulado y armónico que garantice la no impunidad de los delitos cometidos en el contexto del Conflicto Armado No Internacional (CANI), contribuyendo a la protección y garantía de los derechos de las víctimas; a la verdad, justicia, reparación y no repetición, en especial frente a los crímenes más graves. Definición de competencias Precisa los criterios de cada entidad para la investigación y judicialización de los delitos cometidos en el conflicto armado, señala en qué circunstancias concretas la JEP asume competencia exclusiva y prevalente, en cuáles podría ejercerla en el futuro y en qué casos no.

Además, detalla las situaciones en las que la Fiscalía puede desarrollar la acción penal a plenitud, así como los escenarios en los que está limitada o puede ser suspendida. Intercambio de información efectiva Esta hoja de ruta establece que la Fiscalía General de la Nación podrá entregar a la JEP los avances y resultados obtenidos en determinados casos para contribuir efectivamente a los procesos transicionales.

Asimismo, contempla la posibilidad de conformar mesas técnicas de trabajo que faciliten el intercambio y acceso a la información de manera ágil por parte de ambas entidades; y fija las modalidades y formas de consulta de expedientes judiciales, actuaciones y sistemas de información que reposan en la Fiscalía.

La Fiscalía, por solitud expresa de la JEP, brindará información sobre la presunta comisión de nuevos delitos por parte de quienes gozan de beneficios transicionales. Cumplimiento de compromisos con la CPI Las dos entidades reiteran el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado con la Corte Penal Internacional (CPI) en octubre de 2021, entre estos continuar apoyando a las instancias judiciales que investigan y siguen procesos por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.