Credit: Fotomontaje El Expreso

La Regional de Risaralda reprochó a Cardona Molina, Zapata Ramírez y Torres Murillo un presunto desconocimiento de los principios de planeación, al suscribir el pliego de condiciones dentro del proceso de Convocatoria Pública Nro. 002 de 2017, al parecer, sin tener en cuenta exigencias contempladas en el Manual de Contratación Interno de la entidad.  

Así mismo, la PGN endilgó cargos al entonces gerente y al asesor Jurídico por presuntas irregularidades al suscribir, el 2 de enero de 2018, una modificación al Contrato de Prestación de Servicios Nro. 309 de agosto, celebrado entre la ESE y Mundo Salud Médica Servicios CTA, cuyo objeto era la prestación de servicios para el proceso de facturación (admisiones, autorizaciones, devolución, citas médicas, entre otros).  

Al parecer la modificación al contrato se habría hecho de manera extemporánea, toda vez que los cuatro meses del tiempo de ejecución vencían el 1 de enero.  

Otra vez Mundo Salud Medica tal y como lo denunció El Expreso en la mira de los entes de control,   ¿Para cuando el jefe de todos allá, el senador Samy Merheg, rendirá cuentas a los risaraldenses? 

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Además, se cuestionó un presunto desconocimiento de los principios de responsabilidad y coordinación por parte de Cardona Molina, quien al suscribir la modificación del contrato de prestación de servicios habría asumido compromisos que, al parecer, afectaban las vigencias futuras de la entidad. También se reprochó al asesor Jurídico, quien supuestamente dio el visto bueno y firmó la adición y prórroga del negocio jurídico.  

La Procuraduría adicionalmente formuló cargos al exgerente por una presunta orden de pago de viáticos, por valor de $1´378.963, pese a que no estaban contemplados en el contrato; y al interventor Guillermo Castañeda Sandoval porque supuestamente reconoció estos viáticos y gastos a través de actas de interventoría de diciembre de 2017.  

El órgano de control calificó las presuntas faltas de los funcionarios como graves a título de culpa grave.  

A los involucrados les asiste el derecho de presentar descargos y solicitar o aportar pruebas conducentes a su defensa.   

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