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Crecimiento urbanístico y control institucional

Escrito por Andrés Carrero , 04 de Octubre de 2017. Guardado en Opinión

En la última década, la construcción de obras civiles como carreteras, complejos residenciales, vías internas, edificios para oficinas, entre otros, se ha incrementado significativamente; de hecho, podría decirse que durante la historia de Colombia nunca se tuvo tal desarrollo infraestructural como el que hoy vemos.

De la mano con estas construcciones hemos sorteado los efectos negativos de la economía mundial, puesto que para Colombia, los costos de un barril de petróleo que fluctúa entre los $ 50.00 dólares podría tenernos en una situación de desempleo, desabastecimiento y deuda externa superior a la actual. Por otra parte, los vientos de cambio hacia una paz política han permitido que el país sea un sitio de interés para el turismo, trayendo consigo capitales que se distribuyen democráticamente en los sitios antes vedados por el conflicto armado con las FARC.

Sin embargo, este boom empresarial y de crecimiento económico en momentos de recesión mundial tiene su contraparte, puesto que la voracidad empresarial y el turismo sin control ponen en riesgo territorios con ambientes frágiles y muchas veces irrecuperables.

¿Cuáles serían los posibles efectos de esto? En materia ambiental e inversión de capitales, de no construirse una regulación clara y contar con unas instituciones efectivas -racionales en el sentido weberiano- y capaces de atender con criterio científico los costos de la construcción, podría, a mediano plazo generar una crisis social y ambiental.

En materia ambiental, necesitamos agua, aire limpio, zonas verdes, cuidados de cuencas, quebradas, caños y ríos, protección de flora y fauna silvestre, preparación de los campesinos y citadinos para el cambio climático, etc. ¿Cómo alcanzamos esto si depredamos el medio ambiente?, ¿Cómo garantizamos la preservación de nuestros recursos hídricos si construimos sobre ellos y los entes de control no aplican sanciones o impiden que se comiencen las obras civiles como pasó en “La Dulcera-Pereira”, o en “Mi Canchita” - Dosquebradas?

Bogotá,  Medellín y Cali son ejemplos que debemos revisar para no seguir su línea de desarrollo. Hoy Pereira y Dosquebradas crecen sobre humedales, cada vez se alejan más del centro de producción y sus ciudadanos tienen que pasar más horas en buses y carros particulares incrementando el tráfico y las horas de vida al interior de un vehículo; esta situación obliga a pensar el territorio sostenible no solo para la biodiversidad sino para los ciudadanos. De acuerdo con esto, no solo debemos respetar las disposiciones de las autoridades ambientales en materia de protección de recursos naturales, sino también, la distribución de los espacios de producción y empleo de acuerdo con la organización de la población en la ciudad y su ocupación. En Bogotá, por ejemplo, un obrero tiene que desplazarse en promedio dos horas entre su lugar de vivienda y el trabajo ¿Podría evitarse esto? Quizá sí; de allí que la planificación urbanística sea tan importante para el futuro y la convivencia social.

Sin pretender volver al Estado benefactor e interventor, esto no quiere decir que la administración municipal, regional o nacional no cumpla una función política. Es fundamental que el Estado sirva de garante del beneficio general sobre el particular; en este caso, es obligación del Estado planificar el desarrollo urbano y no necesariamente servirse a los empresarios que construyen depredando zonas que fueron evaluadas por expertos para ser protegidas.

Es deber de la Administración municipal planificar el POT y hacerlo cumplir, evitando ambigüedades que conllevan futuras indemnizaciones que pagamos los contribuyentes; también el Estado tiene que servir como mediador y garantizar que la ley se cumpla. No olvidemos que un agente racional se debe al Estado y no al privado.

En una transición tan importante como la que vivimos, urge reflexionar sobre los costos del desarrollo capitalista convencional, es necesario ejecutar sanciones a quienes incumplen los requerimientos establecidos por los órganos de control, es obligatorio hacer cumplir la ley, como también es fundamental que la sociedad se empodere de sus derechos, los sienta suyos, y los defienda.

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