Por una denuncia interpuesta por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, la Corte Suprema de Justicia, abrió investigación penal contra la congresista Catherine Juvinao.

La denuncia fue interpuesta por el abogado y exdirector del CTI, Julián Quintana Torres contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo y la congresista, por haber suscrito un contrato de prestación de servicios en marzo de 2020. 

El contrato tenía el objetivo de asesorar en comunicación estratégica y relacionamiento de medios de comunicación al gobernador, por un costo de 60 millones de pesos, que serían pagadas de forma mensual por el termino de seis meses.

La denuncia señala que ese contrato pudo afectar las arras del erario porque eran funciones que podrían desarrollar los propios empleados de la gobernación.

“Para la fecha en la que se suscribió el servicio la entidad contratante tenía integrado en su planta de personal un equipo de comunicaciones que prestaban el servicio requerido (…) fue duplicada una función administrativa sin justificación”, se lee en la denuncia.

El caso se encuentra en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, que escuchará a la congresista en medio de una diligencia de versión para que se defienda de los señalamientos.