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CORRUPCIÓN ESTATAL EN EL PAÍS DE LA LIBERTAD Y EL ORDEN

Escrito por Alejandro Medina Marín , 11 de Octubre de 2021. Guardado en Opinión

Colombia, rodeada gente pujante, campesina, indígena, afrodescendiente y mestiza, territorio con grandes capacidades de inversión, en turismo, agricultura, y tecnología, se ha visto de manera histórica permeada y aniquilada por la corrupción público-privada que corrompe los recursos de la nación, si, sus impuestos o regalías que se suponen deben ser destinados para la administración pública del país, la cual entre tantas cosas debe generar bienestar social y prosperidad nacional. ¿Cuántas veces se ha quejado por la falta de un sistema de salud íntegro?, ¿ha identificado la falta de espacios públicos que promuevan recreación de calidad?, ¿se ha quejado de la prestación de servicios públicos ineficientes?, ¿ha dudado la oportunidad de una pensión digna?, ¿se ha puesto eufórico por los escándalos de corrupción puestos diariamente a la luz pública? Pareciera ser que todos estos interrogantes se han vuelto cómo el viento: está en todos lados, y se encuentran en todas partes, tanto así, que se naturalizan y no se identifican sus daños irreversibles para la economía y la salud pública de la nación, que termina minando el futuro de los ciudadanos de este país que promueve “libertad y orden”. 

El más reciente caso de corrupción, o al menos el que los medios de comunicación evidenciaron a la luz pública, fue el de la Unión Temporal de Centros Poblados, entidad que tenía su experiencia de acción en la construcción y mejoramientos de vías, evidenciándose de este modo, en el histórico de sus contrataciones con el Estado, que no ha tenido experiencia en un trabajo directo o indirecto con el sector de las telecomunicaciones y que sin importar acciones previas y haciendo caso omiso a los actos de corrupción gestados por esta firma, el Ministerio de las TIC bajo el mandato de Karen Abudinen le adjudicó la contratación para llevar de manera fallida a las poblaciones rurales del País la oportunidad de tecnificar la educación y la agricultura por medio de la instalación del internet. 

La corrupción según Vito Tanzi (1995):  “es el incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad con el propo?sito de derivar de tal tipo de comportamiento un beneficio personal o para personas relacionadas.”  Es decir, la corrupción es el acto pensando, reflexionado y ejecutado con el fin de ofrecer según las relaciones personales, familiares o políticas, algún beneficio económico o personal, sin pretender realizar una evaluación previa de capacidades y destrezas para el desarrollo de lo ofrecido.

Las historias de Corrupción que desde tiempos inmemorables han despertado el voz a voz de esta nación, debería generar, como ha estado sucediendo desde hace algún tiempo atrás, indignación y cuestionamientos que promuevan una reflexión crítica para salvaguardar cómo sociedad la soberanía de una nación que desangra la dignidad y los anhelos todos los días. 

Ahora bien, en el contexto Colombiano, la Contraloría General de la Repu?blica, tiene cómo propósito segu?n lo dispone la Constitucio?n de 1991, la verificación de la transparencia, eficiencia y eficacia de la destinacio?n de los recursos pu?blicos, y en consecuencia, deducir las responsabilidades a que haya lugar e imponer las respectivas sanciones. Y en tanto respecto de la actividad de la administracio?n, como de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nacio?n, además la Carta Magna explica que esta es de cara?cter te?cnico y goza de autonomi?a administrativa y presupuestal.

Por consiguiente se realiza un breve recuento de algunos de los casos de corrupción de la historia reciente de Colombia:  1) Odebrecht:  Una de las empresas del Grupo Aval Acciones y Valores SA, Corficolombiana, se asoció con la compañía brasileña Odebrecht para realizar una sección de la autopista conocida como Ruta del Sol, cuyo costo estimado es de $2.500 millones de dólares, estos entregaron $11 millones de dólares en sobornos en Colombia. 2) Reficar: Ocurrido en Cartagena, el cual se inició en el 2007 durante la construcción de la refinería de Cartagena por posible desfalco en el megaproyecto de la ampliación de la refinería, como también el sobrecosto de la obra que se estima entre $4 mil millones de dólares. 3) Hidroituango: La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $4 billones de pesos contra 34 presuntos responsables por los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto de la represa Hidroituango, en los que se encuentra Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria. 4) El caso Lyons, exgobernador de Córdoba con el robo de las regalías gubernamentales en Córdoba y su participación en el Cartel de la Hemofilia, regalías que dan las industrias petroleras al Estado sobre el 8% y el 25% por ciento del valor de la producción de petróleo crudo, las cuales se destinan a solucionar necesidades en educación básica, salud, agua potable y alcantarillado entre otros, y a financiar grandes proyectos que traigan progreso a las regiones. En total es una cantidad de miles de millones que dejaron de aportarse a la riqueza y bien estar del país.

Para que se mapeen, Colombia en el 2018 según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado fue el tercer país más corrupto de la región de América Latina. Actualmente, no ocupa las primeras posiciones, pero aún está un punto sobre la media estimada para América Latina. Es indispensable realizar la siguiente pregunta ¿Cuál es hasta entonces el resultado de las instituciones de control, en este caso la Contraloría General de la Repu?blica? ¿Está permeada por la corrupción?, o quizás ¿Su fuerza de trabajo está intencionalmente reducida?

Mientras en este intransigente, pero esperanzador país, se sigan con las tasas de corrupción más altas de Latinoamérica, podremos tener una proyección de inversión y desarrollo sostenible e ideal en nuestro territorio, que se quedará en eso, en proyecciones, pues las firmas y las inversiones internacionales, no van a poner sus recursos a consecuencias nefastas de perdida y corrupción, sin ver el resultado de sus proyectos, lo que genera especulación económica y menos inversión social equitativa y diligente que pide a gritos Colombia. La inversión eficiente seguramente tendría resultados en una mejor calidad de vida, lo que repercutiría finalmente en la cultura de los pobladores de la nación, que han naturalizado de manera desgraciada la corrupción, la trampa y el individualismo económico, dejando por debajo del epitafio final la armonía, el respeto y legitimidad de las instituciones que hacen control y veeduría a la soberanía nacional según la constitución política de 1991 que trajo democracia al país de los ensueños. 

ESQUIRLA 

El 8 de abril el gobierno Duque firmo el decreto 371 de 2021 por el cual se establece el Plan de Austeridad del gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, bajo tres palabras idealizadas por los gobiernos: principio de eficiencia, equidad y economía para el cumplimiento de los fines del Estado. Su seguimiento lo realizará las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación que cómo se ha visto de manera histórica han estado atravesadas por la corrupción. Se presentará un informe trimestral. Al final del decreto aparece la firma del honorable Ministro de Hacienda y Crédito Público  “ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA”.  Juzguen ustedes.

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