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Consejo de Estado: funcionarios que hayan sido sancionados no pueden aspirar a cargos de elección popular

En una entrevista concedida a un medio nacional, el presidente del Consejo de Estado aportó claridad sobre este tema.

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El presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez, se pronunció sobre las sanciones a elegidos por voto popular y el papel que desempeñará su entidad en el proceso.   


El trasfondo de este debate se encuentra en la sentencia de la Corte Constitucional que buscaba armonizar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Gustavo Petro, cuando fungía como alcalde de Bogotá. La complejidad radica en la interacción entre la Procuraduría General de la Nación y el presidente de la República, Gustavo Petro, y cómo se ejecutan las sanciones a elegidos por voto popular.   


El punto crucial de este entramado ha llegado a manos de la sala plena del Consejo de Estado, la cual ha asumido la responsabilidad de unificar criterios respecto a si será este órgano el encargado de revisar y ejecutar las sanciones que se impongan a los elegidos por voto popular.   


"El tema lo resolvió la Corte Constitucional, con una mayoría muy precaria, decidió que la Procuraduría podía sancionarlo, que sus sanciones eran administrativas, y que tenían una sanción a través de un recurso extraordinario de revisión, a través de un recurso extraordinario, por parte del Consejo de Estado, y actuación de esta última dependía la ejecutoriedad de la decisión de la Procuraduría, de las condiciones necesarias para que la decisión tuviera un carácter jurisdiccional", explicó Rodríguez.   


No obstante, el presidente del Consejo de Estado admitió que dentro del alto tribunal se han tomado decisiones contradictorias, lo cual ha generado cierta confusión. En algunos casos, se ha asumido competencia para revisar sanciones, mientras que en otros se ha rechazado esta competencia en aras de invocar un control de convencionalidad.


A pesar de esta disparidad, Rodríguez enfatizó que la sala plena del Consejo de Estado ha abocado el conocimiento de un recurso de súplica con el propósito de unificar criterios y evitar decisiones en sentido contrario.   


La respuesta de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, no se hizo esperar y advirtió sobre un supuesto caos institucional y anunció su intención de interponer acciones de tutela en contra de las decisiones del Consejo de Estado que han divergido de la posición de la Procuraduría.


Ante estas afirmaciones, el presidente del alto tribunal rechazó la idea de caos institucional y subrayó que las decisiones en sentido contrario han generado confusión, pero no una violación a la institucionalidad o al ordenamiento.   


En cuanto a la inhabilitación de más de 650 candidatos para participar en política debido a sanciones, Rodríguez señaló que, según el fallo de la Corte Constitucional, estarían impedidos de hacerlo.


Sin embargo, recordó que esta es su opinión personal y que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado será la instancia que tome la decisión definitiva.    

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