Las instituciones son el eje principal de la democracia; estas representan al mayor estamento estatal y son el mecanismo que tiene los pueblos para acudir al Estado, exigir y tramitar sus derechos como lo dicta la Constitución. En consecuencia, las instituciones deben brindar mecanismos de fácil acceso para los ciudadanos, promoviendo su participación y velando por la tramitación de sus angustias o propósitos, acompañado por la educación política y participativa para lograr vislumbrar el camino de las libertades, las cuales son guiadas por la carta magna y resguardadas por las instituciones públicas.

La constitución de 1991, en su propósito por representar la diversidad de nuestro país y darle mayor participación y protección a la ciudadanía, creó estas instituciones: Defensoría del Pueblo, La Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Junta Directiva del Banco de la República, Vicepresidencia de la República, Fiscalía General de la Nación. De este modo, es indiscutible que en Colombia, las instituciones públicas han tenido deslegitimación frente a su accionar, a febrero de este año Datexco para la W Radio, identifica desfavorabilidad para: Policía Nacional, 56%; ESMAD, 58%; Procuraduría General de la Nación, 67%; Contraloría General de la Nación, 64%; Fiscalía General de la Nación, 66%; Corte Constitucional, 59%; Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, 62%; Consejo Superior de la Judicatura, 59%; Defensoría del Pueblo, 51%; Congreso de la República, 81%; Banco de la República, 50%; imagen desfavorable del 67% del Presidente; todo lo anterior trasgrede en la ideación de la nación sobre el propósito de las instituciones de garantizar los derechos y las libertades de los colombianos, poniendo en vilo la democracia.

Lo anterior, debe invitar la veeduría de la ciudadanía y el Estado  por la participación plural y cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, pues la burocracia, la corrupción, la falta de capacidad y diligencia institucional, además de la violación a los derechos humanos como se vio en el paro nacional, la falta de lectura de la realidad y anhelo del país, contrario a  las acciones para favorecer fracking, o la falta de apoyo para la paz, como se evidencia en la consecución del proceso de paz, entre otras, ha desagregado la deslegitimidad y desconfianza de la ciudadanía con las  instituciones públicas.

En suma, todos los actores institucionales, colectivos e individuales de la nación, deben poseer un proyecto de país donde la pluralidad logre estar representada y se traten con equidad las necesidades, las opiniones sean escuchadas y se promulgue la construcción en mancomunidad para generar empoderamiento ciudadano, y desde allí lograr legitimar las acciones individuales e institucionales bajo las libertades; así mismo, el Estado debe favorecer sus labores con el cumplimiento de sus deberes constitucionales, garantizando bienestar social y seguridad bajo un sistema realista que brinde representación institucional legitimada, para proteger la libertad de los ciudadanos y tener una sociedad justa y equitativa: ¡si es que eso se puede lograr!

PARA REVISAR.
Encuesta Pulso País de Datexco para W Radio