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CHILE, POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Escrito por Alejandro Medina Marín , 01 de Noviembre de 2020. Guardado en Opinión

A través del tiempo las constituciones políticas han sido la Ley fundamental de los países; en ellas se establecen los principios y garantías ciudadanas, la división entre poderes del Estado y la forma de organizarlos; como Ley suprema, las demás leyes son consideradas como el desarrollo de su fundamento y no pueden estar por encima de aquella.

El país chileno, a partir de 1980 bajo la dictadura militar del general Augusto Pinochet propuso un plebiscito que aprobó la reestructuración de la constitución chilena que hasta entonces tenía un corte socialista debido a las políticas estipuladas por el reformista Salvador Allende. Está constitución demoró 10 años para entrar en forma plena como la carta magna del País y trajo consigo un modelo económico y político innovador al permitir la entrada del neoliberalismo, con la privatización de las diferentes empresas que hasta entonces eran administradas por el Estado, cómo lo es los servicios de luz, agua, la educación y la salud, modelo económico que en los 80´s y 90´s fue todo un éxito en la región, a tal punto que la idiosincrasia chilena se analizaba más el territorio en términos de “una empresa privada”, que en las dinámicas propias de un país, pues los indicadores macroeconómicos estaban muy por encima de la media de la región Latino Americana, pero el bienestar y la desigualdad social - económica y la exclusión de algunos grupos minoritarios ya se venía abriendo camino desde aquel entonces al interior del país.

Las grietas de un modelo ejemplar en la región, que incentivó la llegada del neoliberalismo a Latinoamérica, ocultaba un profundo descontento social acumulado en algunos grupos sociales, que finalmente se tramitó a partir de la movilización de las conciencias del país chileno, que por medio de la convocatoria social masiva gestadas hace un año en un inicio por el aumento del pasaje del metro, luego se convertiría en una plataforma para tramitar ese descontento social, por ende diferentes actores sociales cómo la academia, el movimiento feminista, sindicatos, la oposición política (mayoría en el Senado) y alguna fracción de la ciudadanía en general, alzaron la voz para reclamar por la educación, las pensiones, la salud, el transporte, los servicios públicos y el empleo, anudándole a esto la solicitud de la sociedad para que la carta magna fuera modificada e incluyera derechos sociales, pues el Estado chileno es subsidiario, es decir, no prevé ni salud, ni educación, ni seguridad social, dejando todo esto en manos del sector privado, convirtiéndose de este modo en un Estado que sólo se limita en ser mediador entre las empresas privadas y los derechos de los ciudadanos, esto en términos, cómo es común en nuestro continente, de burocracia, desigualdad y poca capacidad de impacto en las regiones.

Es evidente que el país requiere y solicita por medio de figuras constitucionales un cambio en su carta magna, pues el descontento social ha generado el análisis crítico y sensibilidad frente a las desigualdades no sólo sociales, sino también económicas, evidenciándose así en su pliego de peticiones diferentes propuestas enfocadas al reconocimiento de los Derechos Humanos y las libertades, donde se puede evidenciar entre otras: 1) La autonomía política y reconocimiento de los pueblos originarios. 2) La actual constitución asegura la coexistencia del modelo público y privado permitiendo elegir entre ambos modelos, mas no garantizando la salud cómo derecho. 3) La constitución sólo protege el medio ambiente cuando los implicados son particulares, las restricciones a las grandes empresas están protegidas por el derecho de propiedad privada. 4) La educación superior en Chile no es un derecho. 5) Se quiere con la constituyente promover una constitución política participativa, para darle a la ciudadanía un rol protagónico y directo en la toma de decisiones públicas a nivel comunitario, regional y nacional.

La sociedad Chilena logró después de un año de movilizaciones, represión, diálogos en las calles y academias, debates, daños al bien público e incluso polarización, un plebiscito que tuvo como resultado con un 85,36% (64.401 votos) la aprobación de realizar una nueva constitución y tan sólo 14,65% (11.048 ciudadanos) rechazaron la constituyente. De este modo está será realizada por una convención constitucional, es decir, se elegirán ciudadanos apropiados para redactar la nueva constitución, los cuales serán elegidos el 11 de abril del 2021, quienes tendrán entre nueve meses y un año para realizar su propuesta, la cual posteriormente se votará para que la ciudadanía la apruebe o la rechace.

Está logro del vecino país, deja en evidencia que las nuevas generaciones no sólo quieren y promueven el bienestar social y el cumplimiento de los Derechos Humanos, sino también el fomento de la sensibilización y capacidad crítica cómo un hecho que promueve la colectividad para buscar el bienestar social. Igualmente, este suceso logra poner en el ojo público, político y académico, las necesidades y exigencias sentidas de esta nueva generación por los derechos de los animales, la protección urgente del medio ambiente, la equidad de género y respeto a la mujer, la educación y salud pública, gratuita y de calidad, la exigencia a la falta de representación de nuestros dirigentes políticos, la expectativa casi nula de una pensión digna y todo lo que conlleva a tener una mejor calidad de vida. Se debe acoger al pueblo chileno pues esta constituyente, así como en nuestra historia en el año de 1991 es un avance hacia el reconocimiento de los pueblos minoritarios, la pluriculturalidad y el avance hacia un mejor mundo.

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