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Entre guerrillas y paramilitares, segunda parte

Escrito por Andrés Carrero , 16 de Octubre de 2019. Guardado en Opinión

Cuando pensamos en el paramilitarismo es común encontrar posiciones contrarias de las cuales emergen dos muy importantes: 1) los paramilitares se crearon para enfrentar a las guerrillas y 2) los paramilitares aún existen. Sin embargo, considero que ambas ideas deben discutirse con detenimiento, dado que exigen una agenda más amplia que permita comprender el fenómeno y su complejidad. 

Para tal fin, podemos construir dos hipótesis teniendo presente las limitantes de este espacio: 1) no existió el paramilitarismo sino más bien los paramilitarismos; es decir, una pluralidad de grupos armados organizados que se popularizaron con el discurso de Carlos Castaño y las AUC, pero que nunca lograron una verdadera unidad política y militar; 2) El paramilitarismo se terminó con las desmovilizaciones del 2006 en el marco de Justicia y Paz, abriendo paso a una nueva etapa de violencia que debe denominarse y entenderse distinto y que, guardando similitudes con su origen, tiene una estrecha relación con los gobiernos locales y el uso de la tierra y los territorios, pero distan de ser una política estatal. 

La primera advertencia que debemos hacernos, de allí mí posición en contra de considerar al paramilitarismo únicamente como apoyo contraguerrilla, radica en que el fenómeno no es único de Colombia, pero sí distinto a otras experiencias latinoamericanas. Sobre este tipo de organizaciones armadas hay una abundante literatura que destaca principalmente casos en Nicaragua (Contras), en Perú (Rondas Campesinas), Guatemala (Patrullas de Defensa Civil), entre otras, con unas características que distan de nuestra experiencia; por ejemplo: 1) financiación estatal, contrario al caso colombiano en el que los grupos de autodefensas tuvieron sus propias nóminas derivadas de la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y la financiación de algunos empresarios y políticos, 2) discurso antiguerrillero, el cual en Colombia fue un insumo, mas no el único, puesto que los objetivos militares no se centraron únicamente en guerrilleros o presuntos, 3) cohesión en objetivos, mientras en Colombia, éstos variaban según la zona y la relación con las Fuerzas Militares y políticas. 

Estas características, entre otras que pueden seguirse en los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y las Sentencias de Justicia y Paz, ponen de presente que los paramilitares fueron más bien grupos de mercenarios al servicio de un jefe local que quiso participar del negocio del narcotráfico, apropiarse de tierras productivas o vincularse a la política local y departamental, mas cuando los cargos de Alcalde y Gobernador fueron abiertos a la dinámica electoral (1986), lo que puso en riesgo el control de los gamonales, y por último, enfrentar a las guerrillas. Esto nos lleva a considerar que no se trató de un colectivo compacto con un discurso uniforme de autodefensa como en los países previamente mencionados. Un ejemplo puntual tiene que ver con los asesinatos a líderes, de los cuales se destaca la masacre de la UP, aunque también allí cayeran otros líderes incluso liberales y conservadores, contrarios a los intereses de gamonales y narcotraficantes locales. Otro asunto importante tiene que ver con la reincidencia, pues no todos los bloques tuvieron el mismo comportamiento, lo que obliga a un análisis territorial para comprender la transformación del fenómeno. 

¿Cuándo comienza el Estado a participar en la dinámica de guerra ilegal que utilizó mercenarios, y por qué? los primeros casos se dan en el gobierno de Guillermo León Valencia, abuelo de la senadora Paloma Valencia, quien legalizó a las autodefensas con el fin de defender a los ganaderos del abigeato de las guerrillas y la delincuencia común. Para ello se promulgó el Decreto Legislativo 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968, que permitieron a privados el uso de armas, además de la instrucción militar por parte de las Fuerzas Armadas, puesto que el Ejército era militarmente incapaz de hacer la guerra y garantizar la propiedad privada y el orden nacional. 

En este contexto también se fortalecía el narcotráfico y por ello fue común el vínculo entre gamonales y una emergente clase media que contaba con importantes capitales y se abría paso no solo en la arena política sino económica del país; sin embargo, el Estado no era capaz de garantizar un control, ni del territorio y mucho menos, de los políticos locales y sus alianzas criminales. El mejor ejemplo está en la alianza entre los Ochoa y Pablo Escobar con el MAS (Muerte A Secuestradores) y la aceptación política de estas acciones por parte de figuras públicas como Alberto Santofimio, exministro de Justicia en la administración de Alfonso López Michelsen (1974), dos veces senador, e incluso, candidato presidencial. 

Estas experiencias ponen de manifiesto tres asuntos a saber: 1) los mercenarios se convierten en paramilitares con la legalización estatal de sus organizaciones; sin embargo, el Estado no controla sus acciones y cada gamonal o narcotraficante que considere necesario hacer uso de la violencia para su autodefensa, recurre al marco legal; lo que se presta para iniciar una guerra que no necesariamente es contrainsurgente; 2) Este paramilitarismo goza de la aceptación público-política de los gamonales que se ven afectados por el ascenso de nuevos líderes independientes y unas clases medias críticas de la estructura estatal como es el caso del médico Héctor Abad Gómez; asesinado en el contexto de la Medellín de los narcos, y 3) El Gobierno, incapaz de controlar el fenómeno termina por aceptar y mantener estas estructuras criminales puesto que, como lo proponíamos en la anterior columna, los jefes narco-paramilitares comparten valores comunes al discurso estatal tales como: defensa del capitalismo exportador, anticomunismo, defensa de los partidos tradicionales, legitimidad en la pantomima electoral, uso del discurso católico cristiano, defensa de los valores patriarcales, etc. 

En la próxima columna trataré de abordar la transformación del fenómeno paramilitar con las Convivir, las AUC de Carlos Castaño y los resultados de la desmovilización en Justicia y Paz. Queda por decir que la reincidencia de dicho proceso fue del 22%; actualmente la de la exguerrilla FARC es del 8% pero va en aumento; lo que deja mal parado a este gobierno en materia de reincorporación y control del territorio. 

PDT: Recomendado para ampliar estos asuntos. Ariel explica:  El Paramilitarismo

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