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Determinación estructural o responsabilidad personal

Escrito por Andrés Carrero , 25 de Junio de 2019. Guardado en Opinión

¿Cómo decidir dónde acaba la determinación estructural y comienza el poder y la responsabilidad? Con esta pregunta tan amplia y compleja termina el primer capítulo del libro “El poder, un enfoque radical”, escrito por el profesor Steven Lukes, el cual considero no sólo pertinente para reflexionar lo que hacen los agentes de Estado, sino también, lo que pueden hacer; especialmente en contextos de transición política como los que vive Colombia. 

El cuestionamiento es complejo porque nos obliga a reconocer dos caras de la acción de los agentes de Estado: por una parte, las obligaciones dadas por los contratos de trabajo y los perfiles del puesto que se ocupa, y por otra, las intervenciones durante el trámite de algún asunto que exige decisiones no escritas en alguna folia; por lo que el agente tendrá que hacer uso de su “sentido común”, de por sí contaminado por la moral que guía su vida. 

En cuanto a las obligaciones dadas por los contratos, la mayoría de las veces es claro qué tienen que hacer y cómo, pero el agente de Estado también está inmerso en otros contextos, especialmente aquellos que no trabajan en un escritorio y deben dar respuestas inmediatas, mediadas por su experiencia y subjetividades (¿moral?). Son estos casos los que me interesa reflexionar, puesto que hay ocasiones en las que el agente decide, opina, firma, proyecta; es decir, hay momentos de la vida pública en los que comienza el poder y la responsabilidad personal. 

Reflexionar sobre esta última parte, especialmente por las experiencias territoriales en relación con el aumento de la criminalidad organizada, los asesinatos de excombatientes y líderes sociales, y los continuos traspiés de la institucionalidad en el territorio, es más que pertinente pues, más allá de quién esté al frente del gobierno nacional, existe unas políticas públicas que exigen al Estado su acción. En este caso, debemos entender que el Estado no es una idea abstracta, sino un cuerpo medible que opera por la decisión de sus funcionarios, por lo que no es suficiente plasmar la obligación en la Ley, sino que debemos ejecutarla para que sea cumplida. Aquí comienza el verdadero problema. 

Sólo leyendo la Ley 1448 de 2011 -llamada Ley de Víctimas- es suficiente para darnos cuenta que, derivada de ella, operan varios comités encargados de diseñar políticas de acción en el territorio con el fin de repararlas y garantizar que los hechos de vulneración no vuelvan a presentarse. El Comité de Justicia Transicional y los Comités de Protección, Prevención y Garantías de No Repetición son un ejemplo de esto. Allí asisten líderes de víctimas, Ejército, Policía, secretarías de gobierno municipal y departamental, Agencia para la Reincorporación y Normalización, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras, y otras instituciones que fueron diseñadas para dialogar sobre los riesgos del territorio. 

En estos espacios se denuncia constantemente las situaciones que aquejan a las comunidades rurales y urbanas. El microtráfico, la extorsión, la aparición de nuevos grupos armados, el reclutamiento de menores, los riesgos de reincidencia de los reintegrados y reincorporados, el alcance y cumplimiento de los acuerdos con las víctimas, etc. Sin embargo, lo inquietante es que los hechos que deberían dejar de ocurrir siguen ocurriendo. 

Esto nos lleva a preguntarnos, ¿Es un problema estructural o de poder y responsabilidad? Si las leyes están hechas, los decretos explican cómo deben llevarse a cabo las acciones de prevención, las Alertas Tempranas trazan los lineamientos para identificar y ejecutar las respectivas acciones de control, los participantes de estos espacios dejan en actas lo que compete a cada institución y cómo han venido trabajando en el territorio; entonces ¿Por qué siguen ocurriendo los crímenes? Me voy por dos hipótesis: 

1) La estructura está dada para que la criminalidad siga imperando en Colombia; entonces es un problema estructural. 

2) El crecimiento de la criminalidad y los desgarradores hechos victimizantes son responsabilidad de los agentes de Estado en el territorio, entonces es un problema de poder y responsabilidad personal. 

 Juzgue usted, amable lector.

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