Este lunes, 20 de noviembre, Shakira aceptó la sentencia que la condena por defraudar 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014. Después de semanas de intensas negociaciones, la artista llegó a un acuerdo con las acusaciones, que incluyen la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat.      

El acuerdo final implica una pena de tres años de cárcel, que no cumplirá, y el pago de una multa de 7,3 millones de euros. Estos términos representan una sustancial rebaja respecto a las demandas iniciales, ya que la Fiscalía solicitaba inicialmente ocho años y dos meses de prisión, junto con una multa de 23,5 millones de euros. El pacto también contempla la sustitución de la pena de prisión por el pago de otra multa, esta vez de 432.000 euros.      

La sentencia, dictada de viva voz por el magistrado José Manuel del Amo, es firme al ser el resultado de una conformidad. No se prevé la posibilidad de recurso, y Shakira podrá regresar de inmediato a Miami con sus hijos. El proceso judicial, que inicialmente iba a ventilar detalles sobre la vida de la cantante en Barcelona durante su relación con el exdefensa del Barça Gerard Piqué, se ha evitado gracias al acuerdo.      

En un comunicado enviado por su equipo justo al aceptar la pena, Shakira afirmó: "Tengo que escoger mis batallas y la más importante ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone".      

La cantante, al entrar en la Audiencia de Barcelona, comentó a los periodistas: "Ahí vamos". Sin embargo, no hubo presencia de aficionados en el lugar, y el dispositivo de seguridad desplegado resultó innecesario. La sesión, que duró apenas 10 minutos, concluyó con Shakira expresando su agradecimiento.   

Con este acuerdo, Shakira reconoce que, entre 2012 y 2014, era residente fiscal en España y debía cumplir con sus obligaciones tributarias en el país. Esta fue la cuestión central durante la investigación, ya que la artista sostenía que era una nómada que viajaba por el mundo y solo visitaba Barcelona esporádicamente para ver a Piqué. La Agencia Tributaria, tras una exhaustiva investigación, concluyó que pasó más de la mitad del año en España, lo que la clasifica como residente fiscal.      

A pesar del acuerdo, los problemas legales de Shakira en España persisten, ya que la Fiscalía presentó una segunda querella por presunto fraude fiscal en 2018. La acusación se centra en el uso de un "entramado de empresas" para "simular" la cesión de derechos a empresas instrumentales, y la artista podría enfrentarse a nuevos desafíos judiciales en el futuro cercano.