La
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en cabeza de
Andrés Idárraga, detectó presuntas irregularidades en la contratación de obras en
varias entidades y municipios de Risaralda, que no cumplen con la normatividad
de calamidad pública por las que fueron contratadas, incurriendo en un posible
abuso de la figura de contratación directa y evadiéndose la figura de la licitación
pública.
El secretario, encontró un escenario que debe ser investigado por las autoridades,
porque podría evidenciarse que al decretarse la “urgencia manifiesta” en algunos
municipios de Risaralda, se habría abusado de esta figura, sin cumplir los
requisitos legales para ello.
Es el caso del municipio de Dosquebradas, con el contrato de obra 904 del 21 de
febrero de 2023, el cual se justificó en el marco de decretos de emergencia que ya
no estaban vigentes (decretos 147 de 2019 y el 024 del 2021, los cuales tuvieron
retorno a la normalidad con los decretos 355 del 20 de diciembre de 2019 y 058
del 10 de febrero de 2022); por esta razón, la secretaría de Transparencia le
solicitó a la Fiscalía General de la Nación iniciar la indagación preliminar por
presunta celebración indebida de contratos.
Esta no es la única situación irregular encontrada por la oficina anticorrupción de
la Presidencia de la República. En Dosquebradas se aprobó un empréstito por
$20.000 millones sustentado en las declaratorias de calamidad públicas en junio
de 2019 y febrero de 2021.
Con estos recursos se contrataron de forma directa el “DISEÑO Y EJECUCION
DE ADECUACIONES PARA LAS INSTALACIONES, SUMINISTROS DE
MOBILIARIA, ADQUISICION E INSTALACIONES DE HARDWARE Y EL
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE, PARA LA SALA DE
CRISIS Y EL CENTRO OPERATIVO DE GESTION DEL RIESGO MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS”, o el contrato 1408 de 2021, para “ADQUISICION DE
CAMIONETA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA DEL EQUIPO DIGER Y DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO”.
Por todo lo anterior, el Secretario de Transparencia le solicitó a los organismos de
control revisar en detalle cada uno de estos casos, en tanto no puede ser que las
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alcaldías municipales se excusen en la declaratoria de calamidad pública para no
cumplir con los requisitos y exigencias de la contratación estatal en Colombia.