¿Casi 1.000 millones de pesos en tres meses para atender los abuelos? La Alcaldía de La Virginia firmó con la Corporación Autónoma para el Desarrollo Integral – CORPOADI, cuyo representante legal es Diego Mauricio Parra Álzate, el contrato 196 del 27 de septiembre de 2022, por valor de $872.668.810 para prestar los servicios como “operador del programa centro vida del adulto mayor” solo por 2 meses y 27 días.
Aunque consultamos en la Alcaldía sobre este contrato, son muchas y muy delicadas las denuncias sobre el mismo además de las dudas de un cabal cumplimiento, ojalá y en esta ocasión la Contraloría General de Risaralda atienda y se interese por averiguar cómo ejecutaron este contrato de casi mil millones de pesos en tan pocos días. No olvidemos lo qué pasó en Dosquebradas (¿Y la Fiscalía cuándo entrega resultados de los contratos de las abuelos en Dosquebradas?) y en Pereira (Así se robaron la platica de los ancianos) donde hubo numerosos capturados por defraudar recursos de los abuelos y recordemos también que esas secretarías eran cuota burocrática del senador Conservador, Samy Merehg, y en La Virginia José Villada es alcalde por su apoyo en elecciones.
¿Cumpliría la totalidad del objeto y hasta donde son responsables estos funcionarios?
Es importante aclarar estos interrogantes
¿Los salarios pagados a los funcionarios del Centro Vida, si fueron iguales a los ofrecidos por el contratista?
¿La seguridad Social cancelada por el contratista, fue acorde a los salarios ofertados por él?
¿Las hojas de vida y la cantidad de personas contratadas, cumplieron con los estándares solicitados en el pliego de condiciones, según la resolución No. 055 de 2018?
¿Si tuvieron al servicio del Centro Vida los dos vehículos solicitados en el pliego de condiciones?
¿La minuta y cantidades de comida entregada a los beneficiarios del Centro Vida, fueron iguales a las solicitadas en el pliego de condiciones?
¿El kit de aseo y la frecuencia con la que le fue entregado, cumplió con lo solicitado en el pliego de condiciones?
¿El kit de manualidades, correspondió al presupuesto ofrecido por el contratista?
¿El auxilio funerario lo cancelaron para la totalidad de los beneficiarios del programa o sólo compraron una póliza para cubrir uno, dos o tres eventos durante el tiempo que duró el contrato?
¿Hubo calidad y seguimiento en los kits entregados en la zona rural?
Señores de la Contraloría General del Risaralda, no dejen esta denuncia en la puerta de su despacho como ocurrió con la de los alcaldes gastones de Guática y Quinchía.
COMPLEMENTO, DOMINGO 28 DE ENERO DE 2024
A pesar de la abundante información que este medio de comunicación recabó frente a la ejecución de este contrato y que consignamos en esta publicación, la Contraloría de Risaralda no encontró hallazgos administrativos, fiscales, penales o disciplinarios, según lo registra el siguiente documento:
El señor Eduardo Ramírez Martínez, ex asesor jurídico de la Alcaldía de La Virginia, “habiendo asesorado las etapas precontractual, contractual y post contractual del proceso de licitación pública”, y quien no fue mencionado en este artículo pero es uno de los firmantes del contrato, dice haberse sentido “agredido, insultado, injuriado y calumniado” porque este medio preguntó por su responsabilidad y la de los otros funcionarios en el cumplimiento de la totalidad del objeto de este contrato. Ramírez asegura haber actuado correctamente frente a este contrato y celebró la auditoría de la Contraloría, la cual, según él, se dio después de que él mismo solicitara una investigación.
