El ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió en defensa del presidente Gustavo Petro luego de que este decidiera ignorar la suspensión provisional del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, impuesta por la procuradora Margarita Cabello. Osuna justificó la acción de Petro basándose en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que solo un juez competente en un proceso penal puede privar de derechos políticos a un funcionario electo por el pueblo.

"El presidente devolvió la solicitud de suspensión provisional del alcalde distrital que había sido emitida por la procuradora como autoridad disciplinaria. Es importante tener en cuenta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es parte del ordenamiento jurídico colombiano", explicó el jefe de la cartera de justicia.

Asimismo, el ministro subrayó que es responsabilidad del presidente de la República aplicar la Convención, ya que Colombia forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta decisión ha generado un debate en el país sobre el alcance de la autoridad disciplinaria y los derechos políticos de los funcionarios electos.