La Superintendencia de Sociedades, en el ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control, ha tomado la decisión de abrir dos investigaciones administrativas y formular dos pliegos de cargos en contra de la compañía Rappi S.A.S. 

Estas acciones se fundamentan en las disposiciones establecidas en el Capítulo X y del Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, referentes al régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) y al Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT), así como la obligación de implementar de manera adecuada un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Estas actuaciones administrativas se llevan a cabo debido a la presunta responsabilidad administrativa de la compañía por el aparente incumplimiento de las mencionadas disposiciones. 

En caso de comprobarse la trasgresión a las normativas relacionadas con SAGRILAFT y PTEE durante el proceso sancionatorio, la Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de imponer multas que podrían alcanzar hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, enfatizó que estas acciones están en línea con la política de supervisión de la entidad y con las normativas mercantiles. 

Asimismo, reafirmó el compromiso de la entidad para verificar el cumplimiento de las directrices en el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral. Todo esto con el objetivo de prevenir consecuencias negativas para la economía del país y las compañías, y evitar riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio. Esta medida busca garantizar la transparencia y ética empresarial, así como fortalecer los mecanismos de prevención de actividades ilícitas y riesgos financieros que puedan afectar la estabilidad y confianza en el mercado. 

La Superintendencia de Sociedades continúa trabajando en pro de un ambiente empresarial seguro y responsable, en beneficio de la economía nacional y de la confianza de los ciudadanos.