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Matricula cero para universidades

Ley aprobada por el Congreso de la Republica

Foto: stock Freepik

El Congreso ha remitido a la sanción presidencial el proyecto de ley que tiene como objetivo impulsar y garantizar el derecho a la educación superior en el país mediante la gratuidad universal de las matrículas de pregrado en las universidades públicas. Con 74 votos a favor y ninguno en contra, la plenaria del Senado de la República ha aprobado el informe de conciliación de esta iniciativa, marcando así su finalización en el Congreso y su paso a la sanción presidencial.  

La senadora María José Pizarro, ponente de esta conciliación, resaltó que este proyecto de ley fue construido por el movimiento estudiantil y representa una reivindicación histórica del mismo. Destacó que muchos jóvenes han perdido la vida en la lucha por la gratuidad en las matrículas.   Una vez sancionado por el presidente, el Ministerio de Educación tendrá un plazo de seis meses para reglamentar los mecanismos que garantizarán esta gratuidad. A partir de ese momento, no se cobrarán matrículas para acceder a las instituciones de educación superior públicas. Además, los recursos para esta medida no provendrán de las propias universidades, evitando así su desfinanciación, sino que se destinarán desde el Presupuesto General de la Nación. 

Adicionalmente, se establecerá un programa para prevenir la deserción estudiantil, priorizando a las víctimas del conflicto armado, las mujeres jefas de hogar, las comunidades étnicas y los jóvenes que hayan estudiado en instituciones educativas rurales y necesiten ayuda para permanecer en la educación superior.   La senadora del Pacto Histórico enfatizó que esta medida cumple con una de las demandas históricas del movimiento estudiantil y se vuelve aún más relevante en el contexto de la pandemia. La gratuidad universal de la educación superior pública, de calidad, es uno de los puntos más importantes del programa de gobierno, y se verá fortalecido con la reforma integral a la ley 30.   

En los próximos días, el proyecto será enviado oficialmente a la Casa de Nariño, donde será revisado por la Secretaría Jurídica de Presidencia y posteriormente será firmado por el presidente Gustavo Petro, convirtiéndose así en una nueva ley de la República.

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